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La Red por la Paz y organizaciones hermanas, se pronuncian ante el clima de violencia, tensión y conflicto que se vive en torno a la Selva lacandona y Biósfera Montes Azules.

27/05/2014

En 1972 una decisión presidencial adjudicó de forma jurídicamente cuestionable, 614 mil
hectáreas de selva chiapaneca a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a cientos de
familias de otros Pueblos Indígenas que también habitaban ese territorio y que desde
entonces permanecen en amenaza de ser desalojadas de sus tierras. Seis años después,
al convertir parte de este territorio en Reserva de la Biósfera de Montes Azules, la presión
para impedir la regularización de los demás pueblos de por si existentes se agudizó y su
reubicación o desalojo forzoso ha sido la respuesta gubernamental ante la problemática.

En abril de 2014, se ratificó el acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la Aric
Unión de Uniones Independiente y Democrática, en el que se reconoce el derecho agrario
de tres poblados asentados esta región. Este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo
entre las partes directamente involucradas, sin participación del gobierno, debido a la
“falta de voluntad” del mismo para resolver el conflicto, afirmaron representantes de la
ARIC en conferencia de prensa el 1o de mayo pasado.

Desde el pasado 28 de abril distintos eventos han ido escalando el clima de violencia,
tensión y conflicto en torno de la delimitación de la llamada Brecha Lacandona y la
Biósfera Montes Azules. Es preciso reconocer que las comunidades y pueblos indígenas
que habitan en esta región han ido construyendo diversas propuestas e iniciativas,
algunas de ellas desde hace más de 30 años, con el interés de contar con el
reconocimiento legítimo de su lucha y derechos agrarios y autonómicos

Sin embargo, estas propuestas se ven afectadas y amenazadas por la presencia de
intereses económicos y de ambientalistas ajenos a los pueblos involucrados y por el
clima de confusión, impunidad y violencia que se vive en el núcleo original y principal del
conflicto armado no resuelto. El asesinato de José Luis Solis López base de apoyo
zapatista el pasado 2 de mayo, en la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, nos ha
consternado especialmente. Paralelamente a este hecho reconocemos otros
acontecimientos, que nos refieren al clima de tensión y complejidad de los conflictos en
el entorno.

El pasado 29 de abril, en la comunidad de San Javier, Municipio de Ocosingo, se
suspendió la Asamblea de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, cuando un grupo de
personas interrumpieron de manera violenta su desarrollo. Los últimos días del mismo
mes se refirió en los medios la noticia del secuestro de Julia Carabias, ex secretaria de
medio ambiente, académica y fundadora e integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC ONG dedicada a la conservación de recursos naturales, señalada por integrantes de la comunidad lacandona y por otros sectores de la sociedad civil, como responsable de generar división entre sus integrantes e introducir proyectos orientados a la privatización de la zona.

En este ambiente enrarecido se efectuó la detención del asesor de la Comunidad Zona
Lacandona, Fernándo Gabriel Montoya Oseguera a quien la procuraduría estatal señaló
de inicio como autor del secuestro de Julia Carabias y finalmente lo consignó como
“probable responsable del delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y
patrimonial de la colectividad y del Estado” en que habría incurrido al tomar la alcaldía de
Altamirano en enero de 2001. Hecho considerado por muchos, como una medida de
contención y criminalización del proceso en el que la comunidad lacandona busca tomar
decisiones respecto al territorio que le fue adjudicado décadas atrás.

Cabe señalar que organizaciones de la Red por la Paz participaron en la Misión de
Observación Civil y Solidaridad que se llevó a cabo del 29 de abril al 4 de mayo del 2012
y que tuvo como objetivo conocer la situación de las y los habitantes de San Gregorio,
Salvador Allende y Ranchería Corozal, integrados a la organización Aric Independiente y
Democrática A. C. con quienes la Comunidad Lacandona sostuvo y concretó el acuerdo
citado, en el que se les reconoce a estos tres poblados, su legitimidad para la posesión de
las tierras que habitan desde hace más de 30 años. Este acuerdo se difundió a través de
una conferencia de prensa el pasado 1 de mayo de 2014 en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas. Y años antes en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín ProDH, en la ciudad de México, el 3 de agosto 2011.

Para nuestras organizaciones es importante reconocer que estos tres pueblos lograron
este acuerdo con la Comunidad Zona Lacandona (CZL), por la vía dialogada, misma vía
por la cual han solicitado de manera pacífica desde 2010, ante diversas instancias y
mesas interinstitucionales con gobierno federal y estatal, así como con instituciones del
sector ambiental gubernamental, se inicie el procedimiento necesario para la
regularización de su estatus jurídico agrario.

Sin embargo, valoramos que intereses diversos han impedido desde hace varios años
que esto se concrete generando un clima de inseguridad y escalamiento del conflicto.
Nos preocupa que, en respuesta a la inconformidad pública manifestada en estos
momentos por la CZL y la ARIC ID, las medidas gubernamentales utilicen estrategias
violatorias a los derechos de los pueblos, como la implementación de desalojos forzosos
de familias y comunidades realizados entre los años 2003 y 2012, y la detención de
autoridades locales y líderes de este movimiento.

Por último, con gran preocupación, queremos hacer notar que en esta coyuntura, se inició
el 14 de mayo la II Fase del Operativo Frontera Sur en cinco municipios del estado de
Chiapas, ubicados en la zona en conflicto, y en el que participan elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional, Armada de México, PGR, PF, INM y las policías estatal
y municipal.

Por lo anteriormente expresado, nos pronunciamos:

1. Por procesos y mecanismos que respeten los derechos humanos de los actores
involucrados en los conflictos -en particular, los derechos colectivos de los pueblos
indígenas-, así como por todas aquellas iniciativas pacíficas que procuran la
dignidad de los territorios, pueblos y personas. Rechazamos la privatización de los
territorios indígenas y de sus bienes naturales y la intervención de actores
externos (estatales y no estatales) que rompen los procesos de diálogo y
construcción de acuerdos entre pueblos, comunidades y organizaciones.

2. Rechazamos las políticas y estrategias de militarización y criminalización de la
protesta social en los estados de la frontera sur de México, y de manera particular,
en las zonas de conflicto, que vulneran a las comunidades indígenas,
principalmente a niñas, niños y mujeres.

3. Nos pronunciamos por procesos incluyentes en el manejo, conservación y
administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas
Naturales Protegidas de carácter federal existentes en la Lacandona, cuya
preservación es fundamental para el bienestar, la vida presente y futura de la
humanidad, de nuestro país y de las comunidades indígenas que la habitan. Por
eso, ellas deben estar plenamente implicadas en los diagnósticos, ordenamientos
territoriales, planes de manejo y en todo el diseño e implementación de
estrategias integrales para la sustentabilidad de la comunidad de vida.

4. Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con los pueblos zapatistas y
particularmente enviamos nuestro abrazo a la Junta de Buen Gobierno ubicada en
la Realidad y nos sumamos al homenaje al maestro Galeano. Así mismo, saludando
el anuncio de una nueva etapa.

Atentamente,
Los integrantes de la Red por la Paz

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)

y otras organizaciones:
Voces Mesoamericanas, AC.,
Casa de Apoyo a la Mujer Ixin Antsetik AC.
Maderas del Pueblo del Sureste AC.

 

 

 

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