En 1972 una decisión presidencial adjudicó de forma jurídicamente cuestionable, 614 mil
hectáreas de selva chiapaneca a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a cientos de
familias de otros Pueblos Indígenas que también habitaban ese territorio y que desde
entonces permanecen en amenaza de ser desalojadas de sus tierras. Seis años después,
al convertir parte de este territorio en Reserva de la Biósfera de Montes Azules, la presión
para impedir la regularización de los demás pueblos de por si existentes se agudizó y su
reubicación o desalojo forzoso ha sido la respuesta gubernamental ante la problemática.
En abril de 2014, se ratificó el acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la Aric
Unión de Uniones Independiente y Democrática, en el que se reconoce el derecho agrario
de tres poblados asentados esta región. Este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo
entre las partes directamente involucradas, sin participación del gobierno, debido a la
“falta de voluntad” del mismo para resolver el conflicto, afirmaron representantes de la
ARIC en conferencia de prensa el 1o de mayo pasado.
Desde el pasado 28 de abril distintos eventos han ido escalando el clima de violencia,
tensión y conflicto en torno de la delimitación de la llamada Brecha Lacandona y la
Biósfera Montes Azules. Es preciso reconocer que las comunidades y pueblos indígenas
que habitan en esta región han ido construyendo diversas propuestas e iniciativas,
algunas de ellas desde hace más de 30 años, con el interés de contar con el
reconocimiento legítimo de su lucha y derechos agrarios y autonómicos
Sin embargo, estas propuestas se ven afectadas y amenazadas por la presencia de
intereses económicos y de ambientalistas ajenos a los pueblos involucrados y por el
clima de confusión, impunidad y violencia que se vive en el núcleo original y principal del
conflicto armado no resuelto. El asesinato de José Luis Solis López base de apoyo
zapatista el pasado 2 de mayo, en la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, nos ha
consternado especialmente. Paralelamente a este hecho reconocemos otros
acontecimientos, que nos refieren al clima de tensión y complejidad de los conflictos en
el entorno.
El pasado 29 de abril, en la comunidad de San Javier, Municipio de Ocosingo, se
suspendió la Asamblea de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, cuando un grupo de
personas interrumpieron de manera violenta su desarrollo. Los últimos días del mismo
mes se refirió en los medios la noticia del secuestro de Julia Carabias, ex secretaria de
medio ambiente, académica y fundadora e integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC ONG dedicada a la conservación de recursos naturales, señalada por integrantes de la comunidad lacandona y por otros sectores de la sociedad civil, como responsable de generar división entre sus integrantes e introducir proyectos orientados a la privatización de la zona.
En este ambiente enrarecido se efectuó la detención del asesor de la Comunidad Zona
Lacandona, Fernándo Gabriel Montoya Oseguera a quien la procuraduría estatal señaló
de inicio como autor del secuestro de Julia Carabias y finalmente lo consignó como
«probable responsable del delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y
patrimonial de la colectividad y del Estado» en que habría incurrido al tomar la alcaldía de
Altamirano en enero de 2001. Hecho considerado por muchos, como una medida de
contención y criminalización del proceso en el que la comunidad lacandona busca tomar
decisiones respecto al territorio que le fue adjudicado décadas atrás.
Cabe señalar que organizaciones de la Red por la Paz participaron en la Misión de
Observación Civil y Solidaridad que se llevó a cabo del 29 de abril al 4 de mayo del 2012
y que tuvo como objetivo conocer la situación de las y los habitantes de San Gregorio,
Salvador Allende y Ranchería Corozal, integrados a la organización Aric Independiente y
Democrática A. C. con quienes la Comunidad Lacandona sostuvo y concretó el acuerdo
citado, en el que se les reconoce a estos tres poblados, su legitimidad para la posesión de
las tierras que habitan desde hace más de 30 años. Este acuerdo se difundió a través de
una conferencia de prensa el pasado 1 de mayo de 2014 en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas. Y años antes en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín ProDH, en la ciudad de México, el 3 de agosto 2011.
Para nuestras organizaciones es importante reconocer que estos tres pueblos lograron
este acuerdo con la Comunidad Zona Lacandona (CZL), por la vía dialogada, misma vía
por la cual han solicitado de manera pacífica desde 2010, ante diversas instancias y
mesas interinstitucionales con gobierno federal y estatal, así como con instituciones del
sector ambiental gubernamental, se inicie el procedimiento necesario para la
regularización de su estatus jurídico agrario.
Sin embargo, valoramos que intereses diversos han impedido desde hace varios años
que esto se concrete generando un clima de inseguridad y escalamiento del conflicto.
Nos preocupa que, en respuesta a la inconformidad pública manifestada en estos
momentos por la CZL y la ARIC ID, las medidas gubernamentales utilicen estrategias
violatorias a los derechos de los pueblos, como la implementación de desalojos forzosos
de familias y comunidades realizados entre los años 2003 y 2012, y la detención de
autoridades locales y líderes de este movimiento.
Por último, con gran preocupación, queremos hacer notar que en esta coyuntura, se inició
el 14 de mayo la II Fase del Operativo Frontera Sur en cinco municipios del estado de
Chiapas, ubicados en la zona en conflicto, y en el que participan elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional, Armada de México, PGR, PF, INM y las policías estatal
y municipal.
Por lo anteriormente expresado, nos pronunciamos:
1. Por procesos y mecanismos que respeten los derechos humanos de los actores
involucrados en los conflictos -en particular, los derechos colectivos de los pueblos
indígenas-, así como por todas aquellas iniciativas pacíficas que procuran la
dignidad de los territorios, pueblos y personas. Rechazamos la privatización de los
territorios indígenas y de sus bienes naturales y la intervención de actores
externos (estatales y no estatales) que rompen los procesos de diálogo y
construcción de acuerdos entre pueblos, comunidades y organizaciones.
2. Rechazamos las políticas y estrategias de militarización y criminalización de la
protesta social en los estados de la frontera sur de México, y de manera particular,
en las zonas de conflicto, que vulneran a las comunidades indígenas,
principalmente a niñas, niños y mujeres.
3. Nos pronunciamos por procesos incluyentes en el manejo, conservación y
administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas
Naturales Protegidas de carácter federal existentes en la Lacandona, cuya
preservación es fundamental para el bienestar, la vida presente y futura de la
humanidad, de nuestro país y de las comunidades indígenas que la habitan. Por
eso, ellas deben estar plenamente implicadas en los diagnósticos, ordenamientos
territoriales, planes de manejo y en todo el diseño e implementación de
estrategias integrales para la sustentabilidad de la comunidad de vida.
4. Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con los pueblos zapatistas y
particularmente enviamos nuestro abrazo a la Junta de Buen Gobierno ubicada en
la Realidad y nos sumamos al homenaje al maestro Galeano. Así mismo, saludando
el anuncio de una nueva etapa.
Atentamente,
Los integrantes de la Red por la Paz
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
y otras organizaciones:
Voces Mesoamericanas, AC.,
Casa de Apoyo a la Mujer Ixin Antsetik AC.
Maderas del Pueblo del Sureste AC.
Las organizaciones integrantes de la Red por la Paz en Chiapas, condenamos la violencia suscitada el día 2 de mayo de 2014 en la sede del Caracol 1 Madre de los Caracoles, Mar de Nuestros Sueños, ubicado en La Realidad, del municipio autónomo en rebeldía San Pedro Michoacán (municipio oficial de Las Margaritas). La agresión dio como resultado el asesinato del señor José Luis Solís López, además de 15 personas heridas de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y tres del otro grupo, así como la destrucción de Escuela y Clínica Autónoma. Perpetrados por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Histórica; Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Acción Nacional (PAN).
Estos hechos representan la ruptura del proceso de diálogo para resolver un conflicto previo, señalaron la JBG y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presente como observador en el proceso de diálogo. Por otro lado, es un ataque al proyecto de autonomía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha venido construyendo desde hace más de 20 años. Es preciso señalar que la agresión se dio en el contexto de nuevas iniciativas públicas del EZLN, las cuales se iban a llevar a cabo a finales de mayo y principios de junio, pero por estos hechos de violencia se van a suspender.
Ante esto, la Red por la Paz reprueba el escenario de violencia en la región. Apelamos que es importante y urgente que se restablezcan los mecanismos de dialogo, acompañados de una investigación pronta y eficaz que sancionen a las personas responsables de estos hechos de agresión y del asesinato del señor Jose Luis Solís López.
Atentamente,
Los integrantes de la Red por la Paz
Atentamente:
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 22 de Agosto de 2013
Preocupación por situación en el Ejido Puebla municipio de Chenalhó, Chiapas
Ante los recientes hechos violentos que se han suscitado en el Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz manifestamos nuestra preocupación y nuestro profundo rechazo a los actos violentos, que han ido incrementando la tensión y la violencia, derivados de la poca e injustificada atención por parte de las autoridades correspondientes.
De acuerdo a la información que nos otorgaron algunas organizaciones participantes en el acompañamiento al retorno de las familias desplazadas, así como a la denuncia que hace el CDH Fray Bartolomé de las Casas así como diferentes medios y redes de organizaciones, el 20 de agosto de 2013, fueron rechazadas y agredidas las familias que retornaban a sus hogares y la caravana de Organizaciones de la Sociedad Civil que las acompañaba. El 21, de agosto, un día después, aproximadamente a las 13:30 hrs. fue detenido y golpeado, Manuel Pérez Gómez, párroco de Chenalhó mientras se encontraba en la ermita del ejido Puebla.
Como Red por la Paz Chiapas, manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en el Ejido Puebla advirtiendo que, de no privilegiar el diálogo y la mediación del conflicto, puede derivar en una escalada mayor de violencia que agrave la situación y ponga en riesgo la vida de la población en general.
De manera respetuosa hacemos un llamado a los actores involucrados para que acentúen sus esfuerzos en la construcción de soluciones pacíficas, dando cauce a las deferencias de grupo y privilegiando la atención pacífica a la problemática, señalando la responsabilidad de las autoridades correspondientes para ofrecer soluciones integrales al los Derechos Humanos de la población en general y del respeto a la integridad de las propiedades.
Como Red por la Paz damos testimonio de que la violencia no se detiene con más violencia ni sembrando miedo en la población; refrendamos nuestra apuesta por la construcción colectiva de la paz con justicia y dignidad y, en ese sentido, nos mantendremos al pendiente de los acontecimientos en la región.
Red por la Paz Chiapas
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C. (CDHFP)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)
Servicio Internacional para la Paz, A.C. (SIPAZ)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de junio de 2013
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura.
En 1997, la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, con vista a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La conmemoración de esta fecha nos sirve para reafirmar que no existe ninguna circunstancia que justifique la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes, pero también para recordar que a la fecha en México la tortura sigue siendo una realidad, muy lejos de ser erradicada.
A pesar de las diferentes recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, para la eliminación del arraigo, éste tipo de detención arbitraría sigue siendo sistemáticamente usada en nuestro país y constituye un riesgo de que la persona detenida pueda sufrir tortura, además de generar obstáculos a la defensa y a la determinación de la situación jurídica de la persona arraigada.
En Chiapas, los actos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica “normal” y aceptada por las autoridades de procuración y administración de justicia y del sistema carcelario. Es además tolerada por el Poder Ejecutivo de Chiapas, como lo fue con el nombramiento del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local.
Las y los sobrevivientes de tortura, dispuestos a denunciar, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles la protección y apoyo adecuado. Esta situación hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan, encuentren obstrucciones en su integración y por lo tanto se queden en la impunidad.
Las víctimas de tortura son afectadas no solamente en su persona, sino también en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, la comunidad y/o a la organización a la que pertenece.
La tortura se vuelve una forma de control social. Por ello, es imprescindible su eliminación y necesario que, a pesar de los temores a las fuerzas del estado, los sobrevivientes de tortura denuncien para erradicar este delito de lesa humanidad.
A pesar de las reformas constitucionales en derechos humanos y de las reformas judiciales; la tortura sigue siendo un método privilegiado de investigación policial. En México, la eliminación de la tortura no es una prioridad, a pesar de los discursos de los gobiernos federal y estatal. Esperamos que en el marco del próximo Examen Periódico Universal, el Estado mexicano acepte la recomendaciones en la materia, para dar pasos concretos en la protección a las víctimas de tortura.
Asociación de los Cristianos por la Abolición de la Tortura – ACAT – Francia
Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT
Pax Christi International – PCI
Amnistía Internacional – Grupo Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC – Frayba
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC – CDH Digna Ochoa
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC – CEPAZDH AC
Red por la Paz Chiapas, conformada por 10 organizaciones de la sociedad civil de Chiapas: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, AC (CDMCH), Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, AC (CDHFPLN), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (CORECO), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (Desmi), Educación para la Paz, AC (EDUPAZ), Enlace Comunicación y Capacitación, AC (ENLACE CC), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) y Servicio y Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 15 de Mayo de 2013
Ante los recientes hechos de violencia que se han suscitado en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz manifestamos nuestro profundo rechazo a los actos violentos, que ha confrontado a pobladores, derivados del retraso injustificado de atención por parte de las autoridades correspondientes.
Por información que recibimos, a través de la Parroquia de Venustiano Carranza, el pasado 5 de mayo de este año “comenzaron a darse tiroteos y empezaron a arder varias casas. Los hechos han ido escalando a lo largo del día hasta el punto de que solamente en dos barrios del pueblo no hay actividades violentas todavía: San Sebastián y El Convento; la iglesia está en este último barrio”. Ese día el enfrentamiento entre los dos grupos de pobladores, pertenecientes a la OCEZ – FNLS – Casa del Pueblo y OCEZ – Chiapas, dejó un saldo de dos personas muertas, viviendas destruidas, familias desplazadas, un número impreciso de personas en riesgo de ser detenidas y un ambiente de permanente tensión en la región.
Desde entonces hemos estado al pendiente de la información que las distintas partes han ido generando, así mismo hemos registrado los distintos reportes de alerta que nos envían pobladores del Municipio advirtiendo riesgos ante un posible operativo policiaco y militar que derive en cateos y detenciones arbitrarias.
Como Red por la Paz Chiapas manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en Venustiano Carranza advirtiendo que, de no privilegiar el diálogo y la mediación del conflicto por parte de las autoridades del gobierno estatal, la tensa calma que hoy se vive en el Municipio puede derivar en una escalada mayor de violencia que agrave la situación y ponga en riesgo la vida de la población en general.
De manera respetuosa hacemos un llamado a los actores involucrados para que acentúen sus esfuerzos en la construcción de soluciones pacíficas, dando cause a las diferencias de grupo y privilegiando la atención pacífica a sus demandas históricas, señalando la responsabilidad de las autoridades correspondientes para ofrecer soluciones integrales y de respeto a los Derechos Humanos de la población en general sin polarizar más el conflicto que escala en la zona.
Como Red por la Paz damos testimonio de que la violencia no se detiene con más violencia ni sembrando miedo en la población; refrendamos nuestra apuesta por la construcción colectiva de la paz con justicia y dignidad y, en ese sentido, nos mantendremos al pendiente de los acontecimientos en la región de Venustiano Carranza.
Red por la Paz Chiapas
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C. (CDHFP)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)
Servicio Internacional para la Paz, A.C. (SIPAZ)
San Cristóbal de Las Casas, 26 de abril de 2013
Las organizaciones integrantes de la Red por la Paz Chiapas recibimos con gran preocupación la noticia sobre el asesinato de Juan Vázquez Guzmán, ex secretario general de los adherentes a La Otra Campaña (La Sexta) en el ejido de San Sebastián Bachajón, Chiapas.
Juan fue emboscado a las 23.00 hrs del día 24 de abril mientras entraba a su casa. Fue alcanzado por cinco balas que lo mataron de inmediato; los asesinos, tras la agresión, huyeron en una camioneta roja.
Desde el año 2007 Juan Vázquez participaba activamente en la defensa de la Tierra y el Territorio de San Sebastián Bachajón, situación por la cual sostenía un amparo que actualmente está en revisión.
El pasado 17 de abril los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes a La Otra Campaña de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona denunciaron públicamente nuevas amenazas por parte de autoridades oficiales del actual gobierno del Estado de Chiapas.
Condenamos enérgicamente el asesinato de Juan Vázquez Guzmán así como la continua violencia hacia los y las defensores y defensoras de derechos humanos que salvaguardan su Tierra y Territorio. Nos alarma la creciente violencia en la región y que este hecho pueda detonar mayores y nuevos conflictos en la zona
Exigimos se haga justicia y cesen las amenazas hacia la familia de Juan Vázquez Guzmán y ejidatarios de San Sebastián Bachajón.
Queremos expresar nuestro más profundo pésame con a familiares y su comunidad.
ATENTAMENTE
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C.
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Chiapas, 20 de Marzo 2013
Las organizaciones integrantes de la Red por la Paz Chiapas recibimos con preocupación la información sobre nuevas amenazas contra Fray Tomás González, director de “La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes” y a personas que colaboran o se refugian en este albergue. Según información proporcionada por Fray Tomás, el día domingo 17 de marzo “La 72” recibió dos amenazas que fueron trasmitidas por terceras personas, en las que se advierte entrar al albergue para ir por “la cabeza del padre, que está al frente de todo esto; y de todos los que están hablando”.
Cabe mencionar que últimamente los defensores de derechos humanos, colaboradores de “La 72”, han acompañado a migrantes víctimas de delitos como amenazas de muerte, asaltos, secuestro exprés y cobro de cuota, violaciones mencionadas en sus denuncias ante las autoridades. Recordamos que la situación de inseguridad que vive el personal del albergue no es nuevo; se han documentado y denunciado un gran número de incidentes desde el año de su fundación en 2011. Sin embargo, a partir de enero del presente año se detectó que la situación de violencia y los delitos cometidos por grupos de la delincuencia organizada en contra de los migrantes se está agudizando en la región. A pesar de esto, y de numerosos llamados que realizaron distintos organismos de la sociedad civil, las autoridades gubernamentales no han tomado medidas efectivas para garantizar la seguridad de los migrantes y sus defensores.
Ante esta situación exigimos a las autoridades federales y estatales correspondientes que tomen todas las medidas necesarias para su protección y que pongan fin a la impunidad con que operan los grupos de la delincuencia perjudicando a migrantes y defensores de derechos humanos.
ATENTAMENTE
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C.
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Nueva Esperanza retornó a Guatemala,
pero continúa en condiciones críticas
* Misión Civil exige al gobierno de Guatemala garantizar condiciones de vida digna
Comunicado conjunto
Las y los pobladores de Nueva Esperanza retornaron a su tierra, Guatemala, el 28 de febrero pasado, después de resistir año y medio en condiciones críticas, desplazados hacia la línea fronteriza con México al ser desalojados con violencia por el ejército de su país en agosto de 2011.
El retorno a su tierra y reubicación en una finca renombrada “El triunfo de la nueva Esperanza”, ubicada en el Petén, cerca de la capital de ese departamento, ocurrió después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala. En ese nuevo lugar, las y los pobladores continúan en condiciones críticas, sin vivienda y sin agua.
Una Misión Civil decidió acompañar el retorno acordado entre los pobladores y el gobierno y exigió a los gobiernos de México y Guatemala seguridad para las y los desplazados durante el trayecto y condiciones para establecerse con dignidad.
Esta Misión, conformada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, documentó las condiciones en las que vivieron y resistieron desde agosto de 2011, ante la desatención de los gobiernos de Guatemala y México, países que incumplieron sus obligaciones en materia humanitaria ante desplazamientos. La Misión publicó dos informes en el año y medio que duró el desplazamiento en la línea fronteriza, escribió cartas a ambos gobiernos, participó en reuniones con autoridades de México y promovió el envío de comunicaciones a ambos gobiernos.
La desatención de los gobiernos de México y de Guatemala generó condiciones críticas que pusieron en riesgo la vida, particularmente de la infancia desplazada, y ocasionaron la muerte de una niña.
Guatemala, responsable del desalojo, incumplió con las normas mínimas en estos casos para garantizar la atención inmediata de la población desplazada. México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria.
Al llegar al lugar del Petén acordado para establecerse, a la Misión Civil le preocupó observar las condiciones en las que las y los desplazados pasarían esa noche y las siguientes. Sin techo, sin suelo, sin lugar dónde dormir, sin trazo, lo que incumple las obligaciones de los gobiernos en casos de reasentamiento y de reinstalación, más aún considerando que la mayoría de las y los desplazados son niñas y niños y, muchos de ellos, todavía de brazos.
Al respecto, el numeral 55 de los Principios Básicos sobre desalojos y desplazamientos, de Naciones Unidas establece que:
“Los lugares determinados de reinstalación deben responder a los criterios de una vivienda adecuada de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Entre éstos figuran: a) seguridad de la tenencia; b) servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras tales como agua potable, energía para cocinar, calefacción y luz, saneamiento, lavaderos de ropa, formas de almacenar alimentos, vertederos de basura, drenajes del lugar y servicios de emergencia, y en los casos apropiados, acceso a recursos naturales y comunes; c) vivienda asequible; d) vivienda habitable que ofrezca a los habitantes espacio suficiente, protección del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas a la salud, peligros estructurales y portadores de enfermedades, y que garantice la seguridad física de sus ocupantes; e) accesibilidad para los grupos en situación de desventaja; f) acceso a las oportunidades de empleo, servicios de atención de la salud, escuelas, centros de cuidado del niño y otras instalaciones sociales, tanto en las zonas urbanas como rurales; y g) una vivienda culturalmente apropiada.
Esta Misión Civil celebra el triunfo del pueblo desplazado que decidió permanecer junto, como pueblo, aun en condiciones críticas.
Pero, a la vez, la Misión Civil deplora la actuación de los gobiernos de México y de Guatemala en este caso. El gobierno de México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria y, en un momento dado, incluso deportó a varios de las y los desplazados con la engañosa figura de repatriación voluntaria y mientras estaba en curso una mesa de negociación. Esta indebida actuación de funcionarios mexicanos, incluyendo al anterior delegado de Migración, continúa impune.
El reasentamiento se realizó con acuerdo de las partes, sin embargo, la Misión expresa su extrañamiento al gobierno de Guatemala por haber impedido la opción del retorno, a pesar de que las Directrices ya citadas establecen que se debe otorgar prioridad al derecho al retorno y a que la legislación establece que se puede capacitar a poblaciones para ser cuidadoras de reservas naturales. Asimismo expresamos nuestra extrañeza porque en los acuerdos no se menciona expresamente una indemnización a la población desalojada.
De manera urgente, la Misión Civil de Observación llama al gobierno de Guatemala a garantizar a las y los pobladores de “El triunfo de la Esperanza”, también conocida como Finca Ebenezer, condiciones que les permitan establecerse con dignidad y salvaguardando el derecho a la salud, a la vivienda y a la vida de manera inmediata. Agua, alimentación y vivienda son condiciones de emergencia que deben ser atendidas de inmediato y sobre las cuales, particularmente, hacemos el llamamiento urgente al gobierno de Guatemala.
La Misión Civil de Observación también anota que en ningún momento del trayecto se obstaculizó nuestro trabajo de acompañamiento al retorno ni nuestra labor de observación. Esta Misión se mantendrá atenta al establecimiento del pueblo de Nueva Esperanza en su nueva tierra, El triunfo de la Nueva Esperanza.
La Misión Civil está integrada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, entre otras «La72 Hogar Refugio para personas Migrantes», de Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atenta al caso y asistiendo humanitariamente, en la medida de sus posibilidades, a las familias guatemaltecas.
También participan en la Misión Civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Equipo Indignación y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República mexicana), entre otras organizaciones.
Día internacional de la mujer
Compañeras y compañeros este 6, 7 y 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, les invitamos a participar en el:
Seminario de análisis jurídico y político de la Reforma y la Contrarreforma agrarias en México y Chiapas.
El Objetivo es: Construir una posición social campesina informada sobre las causas y consecuencias históricas y actuales (jurídicas, políticas, económicas, culturales y socioambientales) de la contrarreforma agraria, para que las y los participantes nos tracecemos estrategias frente al proceso de destrucción, privatización y despojo de la tierra y el territorio.
Analizaremos las bases jurídicas sobre las que se establecieron los cambios más significativos en la tenencia y usufructo de la tierra, así como la presencia de las mujeres en las luchas campesinas en cada una de las etapas históricas del proceso agrario en Chiapas.
El Seminario se realizará en el auditorio de CIDECI-UNITIERRA, Camino viejo a Chamula s/n. colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los días 6 y 7 de marzo de 9 a 19:00 horas. Las compañeras/os que vengan de fuera podrán dormir allí mismo.
El 8 de marzo a las 10 am, como es nuestra costumbre, marcharemos del Puente Blanco hacia la Plaza de la Resistencia, en donde leeremos nuestro comunicado en defensa de nuestras tierras y territorios. En seguida realizaremos nuestra feria anual con los productos campesinos que cada organización traiga para intercambiar o vender.
Les recordamos que cada organización participante llevará sus mantas y reivindicaciones, y cubrirá el gasto de sus pasajes.
¡CELEBREMOS ESTE 8 DE MARZO LUCHANDO POR LA MADRE TIERRA y POR LA VIDA!
Convocamos: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Colectivos de mujeres de las regiones norte, altos y oriente, cuerpo académico de género del CESMECA, y Semilla del Sur.
Para confirmación de su asistencia y más información pueden comunicarse con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, centromujer@prodigy.net.mx, teléfono 967-6 31-60-75.
El día 28 de febrero las organizaciones que integran la Misión Civil de Observación, autores del informe sobre Nueva Esperanza, La Frontera Olvidada de octubre 2011, acompañarán a las y los desplazados de Nueva Esperanza el retorno a su tierra. En este marco, las organizaciones de la Misión Civil de Observación hacen público el siguiente comunicado. Por este medio, las organizaciones que formamos parte de la Red por La Paz Chiapas manifestamos nuestro apoyo a las exigencias que en él se plantean.
ATENTAMENTE
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
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Nueva Esperanza, en retorno a su tierra
La Misión Civil de Observación exige garantías para la comunidad
Comunicado conjunto
La comunidad de Nueva Esperanza, Guatemala, desalojada con violencia en agosto de 2011 y desplazada hacia la línea fronteriza con México, donde ha vivido año y medio en condiciones críticas, ha comunicado a la Misión Civil de Observación que llegó a un acuerdo con el gobierno de Guatemala para ser reubicada al Petén el próximo 28 de febrero.
La Misión Civil de Observación documentó la desatención de los gobiernos de Guatemala y de México, el incumplimiento de obligaciones de asistencia humanitaria e incluso el hostigamiento hacia las y los pobladores desplazados. El deterioro de las condiciones incluso ocasionó la muerte de una niña y puso en riesgo la vida de las y los pobladores, la mayoría niñas y niños.
Las y los pobladores de Nueva Esperanza tienen derecho a la tierra y la Misión se alegra por este logro de la comunidad que ha resistido. Sin embargo, a unos días de la fecha acordada nos preocupa y nos parece indispensable que el proceso de retorno a su patria, reubicación y establecimiento se realice con plena seguridad para la comunidad, garantizando que las decisiones se tomen conjuntamente con la propia comunidad, evitando que se les impongan condiciones o rutas que entorpezcan el proceso.
Quienes integramos la Misión Civil de Observación nos hemos mantenido atent@s al proceso y hemos decidido acompañar la salida de la comunidad, desde el lugar donde estuvieron durante año y medio viviendo en condiciones críticas ante la desatención de los gobiernos de Guatemala y de México. La Misión Civil acompañará a la comunidad hasta la línea fronteriza, de acuerdo con la ruta que la propia comunidad determine para ese retorno a su patria. Una comisión acompañará a la comunidad hasta el lugar en el que se reubicarán, en el Petén.
Se prevee que la salida sea el 28 de febrero, a las 7 de la mañana. Sin embargo, una inquietud para la propia comunidad es que aún no cuentan con confirmación acerca de la ruta que se seguirá y cuál será el punto fronterizo por el que cruzarán, aunque se espera que sea por el Ceibo. El día anterior, 27 de febrero, por la tarde, la Misión Civil de Observación participará en un acto en el campamento donde se encuentra la comunidad desplazada.
La Misión Civil exige a los gobiernos de Guatemala y México que esta movilización de Nueva Esperanza, retorno a su patria, reubicación y establecimiento se realice en un marco de respeto hacia la comunidad, garantizando en todo momento del trayecto la seguridad de las y los habitantes y de quienes les acompañen. Exigimos al gobierno de Guatemala garantizar que la comunidad cuente con las condiciones que permitan a este pueblo establecerse y vivir con dignidad.
Exigimos, asimismo, respetar y abstenerse de obstaculizar la labor de la Misión Civil, que realizará una labor de observación amparada en el derecho y el deber de todos los individuos de promover y defender los derechos humanos.
La Misión Civil está integrada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, entre otras «La72 Hogar Refugio para personas Migrantes», de Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atenta al caso y asistiendo humanitariamente, en la medida de sus posibilidades, a las familias guatemaltecas.
También participan en la Misión Civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Equipo Indignación y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República mexicana), entre otras organizaciones.
La Misión presentó un informe sobre Nueva Esperanza, La Frontera Olvidada, en octubre de 2011, y una actualización de dicho informe en agosto de 2012. Ambos pueden consultarse en las páginas www.redtdt.org.mx www.centroprodh.org.mx y www.indignacion.org.mx
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 18 de febrero de 2013
Organizaciones civiles y de derechos humanos denuncian la situación crítica que están viviendo las familias desplazadas del Ejido Busiljá
Las organizaciones civiles y de derechos humanos que suscribimos la presente, manifestamos nuestra preocupación por la situación crítica iniciada en 1997 en el Ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, y que durante 16 años ha dejado una estela de muertos, heridos, encarcelados, desplazados y desaparecidos en la cabecera municipal de Ocosingo.
La situación vivida por las siete familias desplazadas del Ejido Busiljá, no sólo expresa una profunda crisis humanitaria, también pone en duda la voluntad y la efectividad de los mecanismos institucionales para la impartición de la justicia en nuestro estado de Chiapas, haciendo evidente la impunidad en la que permanecen las personas y grupos que han perpetrado los delitos, así como los hechos que constituyen violaciones graves y continuadas a los derechos humanos imputables a autoridades estatales y con efectos lamentables que perduran hasta el día de hoy. Por eso, nuestro llamado a que las instituciones estatales bajo su conducción, manifiesten de manera contundente y práctica la voluntad de alcanzar una resolución justa y garantizando la reparación de los daños ocasionados y la no repetición de los agravios.
Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las familias desplazadas y refugiadas en la cabecera municipal de Ocosingo y solicitamos la aplicación pronta, seria e imparcial de medidas encaminadas a la resolución justa y conforme a derecho de la situación que les afecta y vulnera:
- Cumplimiento de la determinación de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos MC-485-11 en fecha 16 de mayo de 2012 a favor de la niña Gabriela Sánchez Morales, hija de Elena Morales Gutiérrez, para proteger su vida e integridad personal.
- Liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo), injustamente recluido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, y en tanto se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se le brinde trato digno y humano.
- Cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Elías Sánchez Gómez, Pablo Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Nicolás Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, Luis Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez (hijo), en relación al Expediente 331/2011, Juzgado Penal de Primera Instancia de Playas de Catazajá.
- Investigación y sanción de la participación de los integrantes del PRI del Ejido Busiljá, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, en los eventos denunciados permanentemente y por todos los medios disponibles por los representantes de las familias desplazadas.
- Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento, y desaparición efectuados en contra de las familias del Ejido Busiljá, integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes de La Otra Campaña.
- Implementación de manera urgente de medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias desplazadas, y generación de las condiciones necesarias y adecuadas para su retorno al Ejido Busiljá.
ATENTAMENTE
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)
14 de diciembre de 2012
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Preocupación por el nombramiento del
Secretario de Seguridad Pública en Chiapas
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el estado de Chiapas.
El Secretario Llaven Abarca se venía desempeñando como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y anteriormente como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), durante el periodo de gobierno de Juan Sabines Guerrero. Ha sido además agente del Ministerio Público del fuero común, fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro. Todos estos cargos los ha desempeñado en Chiapas.
El nuevo Secretario, ha sido señalado como responsable de tortura y otras violaciones a derechos humanos en el estado de Chiapas, como lo demuestra la recomendación 26/2002, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las detenciónes y tortura durante el operativo policiaco en la comunidad San José, en el muncipio de Marques de Comillas, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público.
Por los mismos hechos la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando se iniciara un procedimietno administrativo de investigación y la integración de una averiguación previa en contra de Jorge Luis Llaven Abarca, por la comisión de los delitos de robo, lesiones, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ambas recomendaciones fueron rechazadas por el gobierno en turno, protegiendo a los perpetradores y dejando en impunidad a las víctimas.
En el 2005 la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CDH/007/2005, por la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la entonces Fiscalía General del Estado, entre los perpetradores se encuentra Jorge Luis Llaven Abarca. Por esta muerte se inició la averiguación previa 071/2005 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, la investigación arrojó que aparte de los agentes de la AEI que custodiaban al detenido, también estaban cuatro Fiscales del Ministerio Público entre ellos Jorge Luis Llaven Abarca.
Como Fiscal de la FECDO, durante el periodo del gobernador Juan José Sabines Guerrero, el ahora Secretario fue identificado como perpetrador en hechos de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, arraigo, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, entre los hechos más conocidos se encuentran la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastian Bachajón, la detención y tortura a David Potencian Torres y las amenazas de muerte a su familia por señalarlo como víctimario de la tortura, entre otros casos denunciados. Durante su paso por esa fiscalía, organizaciones de derechos humanos registraron un elevado número de víctimas de tortura.
A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en el estado de Chiapas, dentro del contexto de la “guerra contra la delincuencia”, implementada por el entonces presidente de México Felipe Calderon Hinojosa.
Con el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca, como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el estado de Chiapas, por el nuevo gobernador Manuel Velasco Coello, es una clara señal del desconocimiento de los instrumentos internacionales en la materia, así como de las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionacionales han realizado a Chiapas en el tema de la tortura. Es evidente tambien que desconoce las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, así como las últimas observaciones del Comité Contra la Tortura (CAT) emitidas al Estado mexicano en noviembre pasado.
Las reformas constitucionales en derechos humanos, en Chiapas han sido de manera nominativa, ya que en la constitución local está incluida la declaración universal de los derechos humanos más como un acto político que como una responsabilidad, esto es evidente ya que las leyes locales en la materia no han sido reformadas ni adecuadas a los estándares de la constitución nacional.
Con este nombramieto, se observa que existe una resistencia para implementar las reformas constitucionales en derechos humanos y, en su lugar, se continúa con viejas prácticas y costumbres, que fomentan las violaciones a derechos humanos e incentivan que la tortura siga siendo una práctica recurrente en Chiapas.
Red por la Paz Chiapas: Educación para la Paz, AC; Enlace Comunicación y Capacitación, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC; Centro de Derechos Indígenas, AC; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC; Comisión de Apoyo a la Unidad y reconciliación Comunitaria, AC; Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, AC; Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC
Colem–Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, AC
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Melel Xojobal,AC
Organizacion Mundial Contra la Tortura
Pax Christi Internacional
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).
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Las/os integrantes de las organizaciones abajo firmantes, profundamente preocupadas/os por la intensa devastación, despojo, control y mercantilización de nuestros recursos naturales y las crecientes dificultades que tenemos como pueblos para mantener nuestra soberanía alimentaria, que lejos de reducirse podemos prever que continuará multiplicándose en el próximo sexenio,
Convocamos
A las organizaciones sociales de México y Centro América que compartan nuestra preocupación a participar los días 22, 23 y 24 de noviembre de este año, en el
FORO POPULAR POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA
Los objetivos del foro son:
1) Construir un espacio para el ejercicio de la justicia y soberanía popular
2) Denunciar nacional e internacionalmente a los responsables de los problemas que al respecto padecen nuestros pueblos.
3) Fortalecer a través del intercambio de experiencias y la solidaridad hacia nuestras luchas populares.
4) Establecer estrategias de movilización para actuar con la urgencia que estos problemas requieren.
Los ejes temáticos para este foro son:
I. Devastación control, despojo y mercantilización de la tierra y el territorio
II. Violación a la soberanía alimentaria y exclusión de la vida digna.
III. El derecho a la autodeterminación y a la consulta popular.
IV. Formulación de estrategias posibles de apoyo y solidaridad.
La participación individual o colectiva en el foro puede ser en:
- La presentación de casos con fundamento político y jurídico
- La presentación de experiencias concretas respecto a los ejes mencionados
- La participación en el análisis y la construcción de estrategias para la solución de los problemas y experiencias planteados.
La sede del evento será el auditorio de CIDECI-UNITIERRA ubicado en el Camino Viejo a San Juan Chamula, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
Informamos que el día 25 de noviembre, Día Internacional Contra la violencia a las Mujeres, se realizará un evento simbólico en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal, invitamos a participar a todos los que puedan quedarse un día más con nosotras/os
A quienes estén interesados les pedimos atentamente confirmar su asistencia y la posibilidad de presentar casos o experiencias durante la realización del foro escribiendo a forodefensatierra@gmail.com
Convocantes:
- Miembros de la Red por la Paz: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH), Centro de Derechos Indígenas, A.C.(CEDIAC), Centro de DDHH Fray Bartolomé de Las Casas, Comité de DDHH Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A. C. (CORECO), Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas A.C. (DESMI); Educación para la Paz (EDUPAZ); Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Servicios y Asesoría para la Paz. A.C. (SERAPAZ), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
- Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
- Iniciativas para la Identidad y la Inclusión (INICIA
- Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana, A. C. (CIAM).
CONVOCATORIA Foro popular por la defensa de la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria
Red por la Paz expresa preocupación por agresiones a defensor de derechos de migrantes en Tenosique
Chiapas, México
19 de Octubre de 2012
Pronunciamiento Red por la Paz
- Agentes del Instituto Nacional de Migración golpean al padre Genni Rodríguez Leyva en Tenosique
- Red por la Paz expresa preocupación por condiciones de seguridad en la zona
En el marco de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos en Tránsito por México, una iniciativa de madres en busca de sus hijos, las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz en Chiapas, expresamos nuestra fuerte preocupación por las agresiones a quienes brindan ayuda humanitaria a migrantes en la zona de Tenosique, Tabasco. Compartimos el testimonio del padre Fray Tomás González, coordinador de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes:
“Ayer por la noche, recibí una llamada del padre Roberto, Párroco de la Parroquia de Cristo Rey en Tenosique, Tabasco, informandome que agentes del Instituto Nacional de Migración habían golpeado al padre Genni Rodríguez Leyva. El padre daba ayuda humanitaria a un grupo de migrantes, trasladandolos en su camioneta sobre la carretera El Ceibo – Tenosique, una carretera que entre sus características es que cuenta con bandas de delincuentes que roban, violan y enganchan a las personas migrantes. Lo sacerdotes de la zona trasladan a dichas personas hacia Tenosique a La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes donde las recibimos para darles una ayuda integral.
El padre Genni hacía esta labor al regresar de una comunidad donde había ido a ejercer su ministerio. Fue interceptado por una camionetra del INM, que le alumbró con las luces del vehículo, por lo que el padre se detuvo. Las personas migrantes, asustadas bajaron de la camioneta y corrieron. Al llegar los funcionarios migratorios golpearon al padre, forzandolo a bajar de la camioneta. Los agentes preguntaron al padre: «¿Cuántos eran?». Posteriormente le obligaron a quitarse la sotana, le tomaron fotografías y lo amenazaron con llevarlo a la PGR. Minutos después lo volvieron a detener y le pidieron una disculpa, diciendole además «que ahí quedara».”
Como defensoras y defensores de derechos humanos, vemos con preocupación la cada vez más recurrente criminalización, intimidación, hostigamiento y amenaza al trabajo de defensa y acompañamiento que se realiza para apoyar a los migrantes que pasan por esta zona.
Por todo lo anteriormente expuesto:
- Condenamos cualquier acto de hostigamiento y criminalización a las y los defensores de derechos humanos de los migrantes, de manera concreta a las y los colaboradores de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, en Tenosique, Tabasco. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal
- Exigimos que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estos hechos, y que no quede impune
Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
El pasado 10 de mayo del 2012 la Red por la Paz Chiapas y CAIK presentaron Informe de la Misión Civil de Observación al programa Ciudades Rurales Sustentables.
En octubre de 2011, las organizaciones integrantes de la Red por la Paz en Chiapas y el Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (CAIK) realizaron una Misión Civil de Observación a las dos Ciudades Rurales Sustentables ya habitadas, cuatro que están en etapa de construcción o planeación, con la finalidad de documentar la situación actual en materia de derechos humanos en la que se encuentra la población afectada directamente por el Programa Ciudades Rurales Sustentables (Programa CRS) que el gobierno de Chiapas está desarrollando en el estado.
En seguimiento a la Misión Civil de Observación, presentamos: De la Tierra al Asfalto. Informe de la Misión Civil de Observación de la Red por la Paz y CAIK al programa Ciudades Rurales Sustentables.
Principales conclusiones del informe:
En septiembre de 2009, el presidente Felipe Calderón, inauguró la primera Ciudad Rural Sustentable del mundo, llamada Nuevo Juan de Grijalva, entidad que, según funcionarios de gobierno estatal y federal era la respuesta final al binomio pobreza-dispersión. Bajo ese pretexto y/o de que los poblados están en zona de riesgo, y sin ser consultadas y/o informadas previamente, las comunidades fueron o serán reubicadas en Ciudades Rurales Sustentables.
Sin embargo, esta respuesta de ‘desarrollo’ a la pobreza en el campo ha sido criticada fuertemente por los pueblos que se tienen que desplazar, así como por personas y organizaciones de la sociedad civil. El primer motivo no siempre parece ser la atención a las comunidades, ya que los intereses de empresas privadas suelen jugar un papel importante, así como también ciertos intereses políticos de los gobiernos estatal y federal.
Tras el Programa Ciudades Rurales Sustentables subyace un proceso de reordenamiento territorial que se lleva a cabo a través de las estructuras del Estado respondiendo a intereses dictados desde los organismos financieros multinacionales con el fin de instaurar un nuevo orden social. Los gobiernos federal y estatal han implementado una serie de proyectos y programas que en el discurso se plantean el objetivo de erradicar la pobreza aportando al desarrollo de los pueblos, pero que en el fondo son procesos de desintegración comunitaria, despojo territorial y des-posesión cultural. Este proceso de desarraigo desmantela cualquier posibilidad de que los pueblos puedan ejercer su derecho a la libre determinación.
Los testimonios de las personas afectadas, recogidos en este informe, demuestran las diferentes maneras en que el Programa CRS viola varios derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas desplazadas a dichos centros poblacionales, entre ellos el derecho a la libre determinación de los pueblos.
Las violaciones a los derechos humanos documentadas por las organizaciones que participamos en esta Misión dan testimonio de que los pueblos no participaron ni fueron justamente consultados en ninguna de las fases de este proyecto. Y sí, por el contrario, en su mayoría fueron desplazados con amenazas de desmantelamiento de la infraestructura de servicios en sus comunidades, o infundiéndoles miedo a vivir en zonas declaradas de riesgo por el gobierno. Estas violaciones a los derechos de los pueblos están directamente en contra de los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Gobierno mexicano.
También resulta preocupante que toda capacidad colectiva de decidir cómo organizarse, así como cualquier intento de construcción social que emane de los pueblos indígenas y campesinos y que difiera o se aleje del patrón estatal, parece tener como destino la fragmentación, la anulación o la criminalización.
Red por la Paz Chiapas
Educación para la Paz (EduPaz)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)
Enlace Comunicación y Capacitación
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas
Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC)
Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (CAIK)
El informe se encuentra en:
De la tierra al asfalto – informe Red por la Paz – CAIK 2012
Más información:
Denuncian plan de desintegración social mediante las ciudades rurales sustentables (La Jornada, 14 de mayo)
Subyace desintegración cultural en reordenamiento territorial en Chiapas: Ong (La Jornada, 13 de mayo de 2012)
Los audios de la presentación se encuentran en:
Introducción:
http://www.goear.com/listen/9246bb7/informe-sobre-las-ciudades-rurales-red-por-la-paz-en-chiapas
Los otros intereses:
Derechos violentados:
Conclusiones:
Según información recibida del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C, integrante de la Red por la Paz Chiapas, el pasado 12 de abril, a las 5:15 de la mañana, una de sus integrantes fue agredida sexualmente por un taxista, a lo que respondió golpeándolo y corriendo, logrando escapar. La compañera se dirigía al transporte que va a Ocosingo para trasladarse a las oficinas del Centro Derechos de la Mujer en el municipio de Yajalón en donde desempeña su trabajo.
Los integrantes de la Red por la Paz en Chiapas nos preocupa esta grave situación en la que la integridad de nuestra compañera estuvo en riesgo, por lo que respaldamos totalmente las exigencias del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas en que:
- Se tomen acciones, políticas, sociales, económicas y jurídicas que garanticen los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
- Alto a la IMPUNIDAD, que reproduce la violencia contra las mujeres.
- Una investigación pronta a los hechos denunciados y castigo para los responsables.
Es intolerable que estos hechos sigan ocurriendo en Chiapas, por lo que insistimos que la Paz se construye con justicia.
Atentamente
La Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Tenosique, Tabasco, a 10 de enero de 2012
Frente a lo anunciado y divulgado a través de los medios de comunicación por parte del gobierno federal sobre la situación de desalojo de la comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, desplazada con violencia y asentada en la línea fronteriza con México desde el pasado 23 de agosto de 2011, y luego de que el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C. (CDHU) recabó distintos testimonios, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
Son falsas las declaraciones del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador Beltrán del Río, en el sentido de que las 71 personas trasladadas a la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas fueron aseguradas de manera voluntaria y con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
El dicho de las y los guatemaltecos desplazados de manera forzada es que personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, personal gubernamental utilizó la fuerza contra algunos de ellos.
Debido a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano.
Es sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación Migratoria.
Por otra parte, cabe señalar que el gobierno federal actuó en contra de su propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país.
El día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir proporcionando apoyo humanitario. Asimismo, es de notar el uso faccioso del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray Tomás.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes:
– Deploramos el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva Esperanza y lamentamos el uso de la fuerza como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables
– Exigimos detener el proceso de deportación, por medio del cual el que el gobierno mexicano está poniendo en riesgo la integridad de las y los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país
-Condenamos cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán R
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano
Fuente: página web Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Chiapas, México
15 de diciembre de 2011
Las organizaciones que conformamos la Red por la Paz Chiapas nos parece indignante e insostenible que los gobiernos estatales y federales sigan usando de forma irracional y arbitraria de las fuerzas de seguridad pública que derivó en la privación de la vida de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, de 20 años de edad, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Compartimos el sentir de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos” en que las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso del actual gobierno de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.
Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas y campesinos, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad.
Como organizaciones rechazamos cualquier intento de las autoridades federales y estatales de deslindar su responsabilidad de proteger, garantizar la vida y garantizar el ejercicio de los derechos de los estudiantes.
Atentamente,
Las organizaciones de la Red por la Paz Chiapas:
Educación para la Paz (Edupaz)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
La Red por la Paz en Chiapas se suma a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad
Chiapas, México
7 de mayo de 2011
Comunicado
Las Organizaciones que conformamos la Red por la Paz en Chiapas nos sumamos al llamado a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad.
Como organizaciones conocemos y seguimos viviendo una terrible guerra que no termina en nuestros suelos y que ahora vemos como la sombra de la “guerra” de Felipe Calderón está llegando a nuestras ciudades, pueblos y comunidades. De nuevo Chiapas y todo México se ponen en estado de sitio, se militarizan y se vulneran los derechos de todas y todos los ciudadanos.
Como Red que procura la construcción de la paz, tenemos el compromiso y la obligación de manifestar nuestro profundo rechazo a la violencia que existe y que se ha incrementado en nuestro país dejando cerca de 40 mil víctimas: niñas y niños, defensoras y defensores de derechos humanos, jóvenes, familias, migrantes… y que también ha generado el desplazamiento forzado de cientos de familias.
Ante esta situación la Red Paz se une al dolor del poeta Javier Sicilia; a las Madres de Ciudad Juárez; a las familias de Marisela Escobedo, Le Baron y Reyes Salazar; a las y los defensores de los derechos humanos; a las y los migrantes; a todas y todos los que han perdido de manera absurda algún amigo, familiar, vecino, ciudadano, mexicano, latinoamericano.
Por experiencia la Red por la Paz asegura que la violencia no se detiene con más violencia, ni con miedo, sino con la construcción colectiva de una justicia con dignidad.
Por este motivo la Red Paz en Chiapas manifiesta que:
1.-Es urgente detener esta guerra por el bienestar de todas y todos los mexicanos.
2.- Que el ejército regrese a sus cuarteles.
3.-Que se investigue a los responsables de estas 40 mil víctimas y se castigue a los culpables.
Para que este silencio sea tan ruidoso que haga que el Gobierno Federal escuche una vez más que la sociedad civil y el pueblo de México no pedimos, no aprobamos y no queremos esta guerra.
Organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas
Educación para la Paz (Edupaz)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Chiapas, México
28 de Febrero de 2011
Pronunciamiento Red por la Paz
- La Red por la Paz Chiapas visita 9 indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, detenidos en la cárcel penal de Catazajá, Chiapas
- Falta voluntad política del gobierno del estado en priorizar el diálogo para resolver conflictos en el estado
El pasado 27 de Febrero, como organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz Chiapas, brindamos nuestra solidaridad con los 9 indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a la Otra Campaña, detenidos desde el 3 de Febrero, y sus familiares, en una visita al penal de Catazajá, Chiapas.
Nuestro solidaridad con los 10 detenidos (uno de ellos es menor de edad y por lo tanto se encuentra en el Centro de Rehabilitación Especializado para Adolescentes Villa Crisol en el municipio de Berriozábal, Chiapas) nace de nuestro rechazo frente a la nueva ola de violencia que prevalece en el estado. En este contexto de deterioro, vemos con preocupación la falta de voluntad y/o capacidad del gobierno del estado para intervenir en los conflictos existentes, evitando abordarlos, o bien buscando “soluciones” a corto plazo y de no lograrse, recurriendo a la represión en contra de grupos contrarios a su política.
Los recientes conflictos en el ejido San Sebastián Bachajón y en la comunidad de Mitzitón son una expresión más de esta conflictividad social.
Ambos conflictos han crecido en violencia y polarización de los grupos, al grado que una solución dialogada y pacífica se hace cada día más urgente, para que no se llegue a un grado de confrontación que haga imposible una solución. Las consecuencias son terribles: 1 muerto en Bachajón, varios heridos y 10 presos políticos de la Otra Campaña.
Los grupos en conflicto, en el caso de San Sebastián, Bachajón, habían establecido mecanismos de diálogo, para construir en conjunto soluciones que garantizarán la unidad del ejido, así como el control de los recursos naturales para beneficio de sus pobladores. Sin embargo, se suspendió esta vía negociada con la acción unilateral, respaldada por el gobierno del Estado, para ocupar por la fuerza la caseta de cobro, reprimir a una de las partes en el conflicto y condicionar la liberación de presos a la aceptación de las condiciones impuestas por el gobierno. En vez de privilegiar el diálogo, el gobierno del Estado intervino reprimiendo y terminó administrando el conflicto tomando control definitivo de la zona.
Este método de administración del conflicto, ya se utilizó en los años 90 por los gobiernos de Ruiz Ferro y Albores Guillén, en las regiones Norte y Altos del Estado. El resultado de esta estrategia política fue el de un alto número de muertos, desapariciones, miles de desplazados y, sobre todo, la destrucción del tejido social. Repetir esta manera de actuar, en la cual primero se alienta la confrontación entre pobladores y posteriormente ingresan la fuerza pública para contenerla, es un grave error en este tiempo de creciente violencia en el país.
El ejemplo más claro de la repetición de esta estrategia se encuentra en el conflicto de San Sebastián Bachajón. Conflicto cuya explicación no se limita a la disputa por el control de la caseta de cobro, para acceder al centro turístico de Agua Azul. El ejido de San Sebastián se encuentra en una región en la cual abundan los recursos naturales, región cuya riqueza natural es un atractivo turístico, la cual implica un interés territorial estratégico para inversión turística y privada y de despojo hacia los pueblos que habitan en este lugar.
Éste no es el único conflicto agrario o de explotación de los recursos naturales de la región, en el cual los pobladores no han logrado un acuerdo sobre la distribución de la tierra. No todos los pobladores de la región están dispuestos a permitir que la tierra sea una mercancía para los inversionistas.
Atentamente
La Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Red por la Paz 