Las organizaciones que conformamos la Red por la Paz en Chiapas lamentamos la perdida de Don Samuel Ruíz García (Jtatic Samuel) guía e inspiración en la defensa de las comunidades indígenas, en su acompañamiento con el pueblo pobre y excluido y en su caminar por la esperanza de una vida mejor para todas y todos en paz y con dignidad.
El ejemplo de don Samuel es parte fundamental para seguir trabajando y caminando con los pueblos indígenas de Chiapas.
Jtatic Samuel Ruíz García Descanse en paz.
Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
El día 28 de septiembre de 2010, la Red por la Paz en Chiapas mandó una carta de solidaridad a Manuel Hernández Pérez, Promotor de Derechos Humanos por la agresión que sufrió.
El Comité de Derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de la Nada” y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) denunciaron que el primero de septiembre, Manuel Hernández Pérez, Promotor de Derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de la Nada” A.C., de la Región Agua Azul, se dirigía a su casa en la comunidad de Santa Cruz, del municipio de Ocosingo, cuando fue agredido. La denuncia subraya: “por las amenazas y agresiones verbales consideramos que los hechos fueron provocados por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas».
Para más información:
Boletín: Agresión a Defensor de Derechos Humanos (Centro de Derechos Humanos Fray Bartlomé de Las Casas, 21 de septiembre de 2010)
Denuncian agresión contra un indígena (Cuarto-Poder 21/09/2010)
Boletín de prensa del primer Informe de la Misión Civil de Observación en la Zona Fronteriza
Descarga el informe completo de la Red Paz sobre la Zona fronteriza aquí
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
7 de octubre 2010
Boletín de Prensa
Considerando el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Chiapas1, a inicios del 2010, las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz2 acordamos realizar visitas de documentación en distintas regiones del estado de donde hemos recibido testimonios de problemáticas que trastocan el marco internacional de protección y garantía de los Derechos Humanos, poniendo en riesgo las condiciones de paz social.
Las organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas constituyó en la “Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social”, misma que comenzó su trabajo de observación y documentación en cuatro municipios de la Zona Fronteriza de Chiapas: Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo.
La Misión Civil recorrió estos municipios durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010. En cada uno de estos municipios, sostuvo entrevistas con actores que aceptaron compartir su testimonio en distintos ámbitos en pro de la defensa de los Derechos Humanos. Los temas de mayor énfasis durante las entrevistas fueron organizados en los ejes de: Migración; Militarización; Tierra y Territorio; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); Derechos de las Mujeres y Criminalización de la protesta social. Los resultados de estas entrevistas se encuentran en nuestro primer informe público que hoy compartimos.
El 6 de agosto, se realizó un espacio de devolución de lo recopilado con varias de las personas y organizaciones entrevistadas en el marco de la Misión Civil de marzo, proceso que nos permitió completar y finalizar el presente documento. En este Informe presentamos una valoración de las tendencias y los principales problemas documentados durante la Misión, así como de las Señales de construcción de Paz que a pesar de todo, seguimos viendo presentes en los municipios visitados.
Quienes estuvimos presentes en la Misión de Observación aprendimos y ahora compartimos las experiencias que encontramos, mismas que son esperanza de construcción de alternativas de vida. Una de las consecuencias de la criminalización de la protesta social, a pesar del miedo que provoca, es que la gente se siente sola. Fue repetida la solicitud de que organizaciones civiles de Derechos Humanos y de construcción de paz realicen acompañamiento permanente a los procesos sociales y la situación que se vive en el municipio fronterizo.
Algunos datos importantes del informe:
Con relación a migración, la frontera de Chiapas con Guatemala es de una extensión de 1,100 kilómetros. Frontera permeable y porosa, es lugar en el que se trafica todo tipo de mercancías lícitas e ilícitas, de la misma manera que vidas y seres humanos. Es un punto geo-estratégico al conectar, como se mencionaba, Centro y Sudamérica con el Norte del Continente. Estas características convierten a la frontera Sur en un espacio de disputa de poder en el que chocan intereses de diferentes grupos. Se denuncia que la corrupción es la regla y que se presenta en servidores públicos de todas las instituciones de gobierno. Se señalan redes que se dedican a asaltar y secuestrar a los migrantes y, en particular, el control que los Zetas del cartel del golfo, mantienen sobre la zona.
En varias entrevistas durante la Misión Civil, uno de los impactos de la migración ha sido en la estructura y funcionamiento de las familias que debido a la migración, se encuentran fragmentadas. Se ha observado la emergencia de la jefatura femenina y la triplicación de su jornada laboral al tener que encargarse del cuidado de la tierra, de los niños y de la casa.
Las y los migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, padecen todos los tipos de violencia (robos, explotaciones, secuestros, extorsiones). Las mujeres son sin duda las primeras y mayormente afectadas en el tránsito. Durante los últimos años se han multiplicado los casos de mujeres violadas por delincuentes, por autoridades y por enganchadores de ruta. Según testimonio “Incluso al conocer la posibilidad de estos riesgos varias de ellas se inyectan anticonceptivos para no queden embarazadas, conocemos varios de estos casos”. En el caso de las mujeres jóvenes o menores de edad, es común saber que quedan atrapadas en las redes de explotación sexual, muestra de ello es que en la zona de tolerancia de Comitán, el 90% de trabajadoras sexuales son mujeres centroamericanas menores de edad.
Son las mujeres las más vulnerables y por ende las más explotadas. La mayoría de ellas, provenientes principalmente de los municipios de San Marcos y Huehuetenango en Guatemala, se emplean como trabajadoras domésticas, laborando hasta 16 horas por día sin que les den comida y pagándoles “salarios” de $500 a $600 pesos (mensuales). En algunas ocasiones, más que todo cuando expresan algún tipo de inconformidad, sus empleadores amenazan con denunciarlas ante las autoridades para que las regresen a su país.
En relación a la militarización, durante el recorrido que la Misión Civil realizó en los municipios de Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo, se logró constatar la permanente y cotidiana circulación de vehículos militares de tropa y artillados que recorren las carreteras federales y los caminos rurales, así mismo se observó la instalación de retenes permanentes y temporales en puntos estratégicos, en donde la mayoría de vehículos detenidos e interrogados eran de personas que se dedican al comercio de los productos del campo.
Las consecuencias de la militarización repercuten de manera importante en las dinámicas sociales. La vida cotidiana de la población que habita en zonas militarizadas o con permanente circulación de efectivos militares, trae consigo entre otras cosas: obstrucción al libre tránsito; hostigamiento hacia las mujeres; aumento de cantinas, drogas y centros de prostitución; violencia intrafamiliar; extorsión y abuso de migrantes; pánico y estrés generalizado; falta de garantías para ejercer labores y actividades estudiantiles; detenciones arbitrarias en retenes militares; abusos de autoridad en espacios públicos; ocupación o invasión de terrenos comunitarios y suplencia de la autoridad civil.
Respecto al territorio, las amenazas que existen sobre los recursos naturales de las comunidades como el agua, la diversidad biológica y los recursos minerales se ven promovidas por proyectos de empresas transnacionales que cuentan con la aprobación y el permiso de diferentes instancias gubernamentales.
Los principales afectados en la zona son el ejido Grecia y los habitantes de las comunidades cercanas, donde se piensa extraer entre 350 mil y 400 mil toneladas de barita y, cuando se agoten estos recursos, se continuará con la extracción de titanio en el subsuelo. Testimonios de los habitantes confirmaron que el predio donde se ubica la mina fue despojado ilegalmente a la comunidad, además que la extracción del mineral ha generado cambios significativos en el medio ambiente, entre otras cosas, por la utilización de millones de metros cúbicos de agua para el proceso de extracción.
Durante la Misión de Observación, integrantes del Frente y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) explicaron que “La REMA ha presentado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas documentos que demuestran que la empresa está implicada en actos de corrupción de autoridades públicas del municipio con el propósito de intimidar a los opositores a la mina. Hemos obtenido documentos de Blackfire que la empresa confirma ser genuinos y que claramente muestran pagos mensuales de $10,000 pesos depositados mensualmente en la cuenta personal del Presidente Municipal de Chicomuselo bajo el acuerdo de que el ejido no se levantaría en oposición a la mina”.
Desde que inició el programa Moscamed en la Zona Fronteriza de Chiapas, en 1994, los habitantes afectados lo consideraron como parte de una estrategia de contrainsurgencia “debido a que se dio en las fechas del levantamiento del EZLN y como bienvenida al Tratado de Libre Comercio ya que con el pretexto de combatir la Mosca del Mediterráneo, están fumigando las montañas y cafetales de la región, trayendo como consecuencia que las hojas de los árboles se sequen y que el grano de café que está tierno no llega a madurar” 3
El aire, el agua y la tierra están siendo contaminados, desde hace 16 años, por los químicos empleados por la empresa Moscamed, éstos con el tiempo están repercutiendo gravemente en la salud de la población. A pesar de esto, denunciaron que el gobierno sigue imponiendo las fumigaciones vía terrestre en sus tierras y amenaza con retirar los apoyos de los proyectos productivos a los que se nieguen a hacerlo.
Con relación a los derechos de las mujeres, históricamente y en la mayoría de los casos, en particular en zonas indígenas por usos y costumbres, las mujeres han sido excluidas de la propiedad de la tierra, así como de su uso y usufructo. Son los hombres quienes son reconocidos como propietarios de la tierra y de lo que produce, aunque, debido a la migración, cada vez más son las mujeres las responsables del cultivo de la milpa para el mantenimiento familiar.
Por ejemplo, en la comunidad de Bella Vista, municipio de Frontera Comalapa, existe un reglamento interno, cuyo artículo 37, establece que las mujeres de Bella Vista no se pueden casar con hombres que no sean de la comunidad y en caso de que se haga, las mujeres pierden el derecho sobre su tierra y sus bienes.
Con respecto a Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) incluyen el respeto y la exigibilidad de los derechos que garantizan las condiciones para una vida justa y digna.
Chiapas es uno de los estados que presenta los más altos índices de marginación en el país, situación de la que no se encuentra exenta la Zona Fronteriza. Eso es claramente visible en varias comunidades donde las viviendas todavía no cuentan con agua entubada (70,403), energía eléctrica (41,001) o sistemas de drenaje (90,321)4. Esta ausencia de servicios básicos les niega a las y los pobladores el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Por otro lado, en los últimos dos años el aumento del precio de los productos que conforman la “canasta básica” contrasta con los bajos precios que perciben muchas familias campesinas por sus cosechas.
El hambre y la mala alimentación constituyen desafíos serios para la obtención de un nivel adecuado de vida. Según Enlace, Comunicación y Capacitación AC, en muchos lugares de la Zona Fronteriza entre un 50 y 85% de la gente padece desnutrición.
Todas las formas de violencia contra las mujeres y las violaciones a sus derechos son considerados violencia de género o violencia patriarcal. Las personas entrevistadas durante la Misión de Observación, hombres y mujeres, afirmaron que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y que esta se reproduce de forma significativa a la par del sistema, que utiliza a las mujeres como objeto y objetivo de sus intereses.
Las diversas formas de violencia (familiar, física, económica, social, institucional) contra las mujeres impactan los ámbitos íntimo, privado y público de sus vidas. Las mujeres entrevistadas reconocen el alcoholismo como uno de las principales formas de violencia contra sus vidas y sus familias, este potencia la violencia en la comunidad y contra de ellas. En el caso de Chicomuselo y Comalapa, existe un aumento de negocios de venta de cerveza, alcohol y cantinas muchos de ellos asociados con prostitución; todos estos amparadas por los presidentes municipales.
Por otro lado, la aplicación de la justicia y la asistencia de servidores públicos para atender demandas de las mujeres refieren también discriminación por parte de las autoridades: no se recibe buen trato cuando se va a denunciar, y en la mayor parte de los casos, no prospera la demanda de intervención.
Con respecto a la criminalización de la protesta social, el hostigamiento, persecución y amenazas a defensores, líderes sociales y civiles es una constante que se vive en las organizaciones y comunidades que reivindican distintos derechos humanos; la Zona Fronteriza ha sufrido los efectos de la violencia al grado de enfrentar consecuencias como el asesinato de sus líderes, amenazas de muerte, secuestro y hostigamiento constante; como por ejemplo el día 27 de Noviembre del año 2009 fue asesinado Mariano Abarca Roblero por su lucha contra la explotación minera, y el caso de la familia del defensor de derechos humanos Adolfo Guzmán ,y su esposa Margarita Martínez que ante la denuncia de malos funcionarios públicos, estos han querido detenerla mediante amenazas, hostigamientos y secuestro 5.
Durante la visita de la Misión de Observación, en varias partes de la región fronteriza se expresó que la población siente que el simple hecho de manifestarse y pedir que se ejerzan sus derechos ya es un delito para las autoridades, lo cual provoca miedo e incertidumbre en la población.
Quienes formamos parte de la Red por la Paz, constatamos que pese al contexto de conflictividad en que trabajan las organizaciones, comunidades y personas de la Zona Fronteriza, existen esfuerzos importantes en favor de la construcción de Paz para ejercer y defender sus derechos colectivos.
Es importante recalcar la lucha contra las altas tarifas de la luz existen avances. Algunas personas y familias ya llevan diez años en la resistencia y en el municipio de Chicomuselo se ha logrado un amparo para no pagar la deuda a la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido es importante señalar la solidaridad que existe entre las organizaciones civiles y sociales.
Como Red por la Paz, queremos ratificar nuestro compromiso de trabajar en los ejes de derechos humanos, construcción de paz, alternativas de sustentabilidad y desarrollo, observación y solidaridad que los mismo pueblos de Chiapas nos han enseñado. Aclaramos que las visitas que realice esta Misión de Observación a distintas regiones de Chiapas, no obedecen a intereses político partidistas ni para la promoción de agendas políticas individuales de los actores en la región. El trabajo de la Misión enfoca la observación y documentación de la situación de los Derechos Humanos y la Conflictividad Social con pleno respeto a la diversidad de opiniones y acciones que cada actor realiza desde sus espacios para la construcción de un mundo más justo y digno.
Fue repetida la solicitud de que organizaciones civiles de Derechos Humanos y de construcción de paz realicen acompañamiento permanente a los procesos sociales y la situación que se vive en el municipio fronterizo por lo que en la medida de nuestras posibilidades estaremos pendientes de la situación para de ser necesario acompañar las acciones de construcción e paz en la región.
Red por la Paz en Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de julio del 2010
Pronunciamiento de la Red por la Paz
- Preocupación por criminalización del trabajo de defensor de Derechos Humanos
- Llamado a respetar el trabajo de acompañamiento a procesos organizativos
Las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz en Chiapas, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proceso judicial que inculpa a Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, en la ciudad de Tonalá, Chiapas.
La acusación se presentó en contra de Hernández Nuñez por su presencia como observador de Derechos Humanos en una manifestación pacífica, realizada por el Consejo Autónomo de la Zona Costa el 13 de abril de 2010. A través de la misma, ésta última organización, que forma parte de La Otra Campaña, denunciaba el robo de cables eléctricos que habían sufrido dos comunidades pertenecientes al Consejo Autónomo. Además, exigían a la Comisión Federal de Electricidad la reinstalación del servicio eléctrico que había dejado a más de 150 familias (en resistencia a las altas tarifas de la luz) sin energía eléctrica por más de una semana.
El día 11 de junio del 2010, la AFI se presentó en el domicilio de Nataniel Hernández Nuñez a dejar un citatorio, para que se presentara el día 15 de junio del las 10:00 horas, en la ciudad de Arriaga, Chiapas. En este citatorio se le informó que existía la Averiguación Previa No. AVP/PGR/032/2010 en su contra, averiguación en la que se le imputa el delito de ataque a las vías de comunicación, situación que pone al afectado en un estado de vulnerabilidad permanente: “El estado procesal en que se encuentra [Nataniel Hernández Nuñez] es la integración de la averiguación previa, estando en espera para que se realice la consignación y se solicite al Juez de Distrito la orden de aprehensión, si es que hay los elementos necesarios.”
Como defensoras y defensores de Derechos Humanos, vemos con preocupación la denuncia penal interpuesta por el gobierno estatal en contra del defensor de derechos humanos, misma que pareciera una muestra más de la recurrente criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizan las organizaciones de derechos humanos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes y los gobiernos estatal y federal que:
- Se cancele de inmediato el proceso judicial en contra del director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, por ser un delito claramente ideado para criminalizar y obstaculizar su trabajo.
- Cese la vigilancia y hostigamiento en contra de Nataniel Hernández Nuñez, así como en contra de las y los demás integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”.
- Se respete el trabajo de las y los defensores de Derechos Humanos en todo el territorio mexicano.
Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace Capacitación y Comunicación, A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Educación para la Paz (Edupaz)
¡LIBERTAD AHORA!
a los 12 presos de San Salvador Atenco
A los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
A la opinión pública nacional e internacional.
Quienes integramos la Red por la Paz Chiapas, vemos con preocupación que la criminalización de la protesta social ha sido la respuesta del Estado mexicano para responder a los reclamos populares y a las necesidades sociales.
En este contexto Atenco representa un caso emblemático; es un signo de alarma que el delito de secuestro equiparado pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales. Es una afrenta y arbitrariedad, que se aplica para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión, y en este caso para convertir en delincuentes a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Nos preocupa que el proceso que se les siguió a las 12 personas que siguen presas estuvo plagado de irregularidades. No fue respetado el principio de presunción de inocencia ni las garantías de debido proceso. Consideramos que estas irregularidades implican que no tuvieron acceso a un juicio justo.
Por lo tanto, como organizaciones que integramos la Red por la Paz, llamamos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a liberar a los 12 presos del caso Atenco.
La Red por la Paz Chiapas:
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C.
(Ciepac)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac) Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Educación para la Paz (Edupaz)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
A siete mese del allanamiento, abuso de autoridad y tortura que sufrieron Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez y sus hijos, Enlace Comunicación y Capacitación difundió un comunicado a través del que realizó un balance de los acontecimientos y volvió a exigir que se sancione a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos:
Comitán Chiapas, a 11 de junio de 2010
A las organizaciones sociales y civiles
A los organismos de derechos humanos
A la sociedad civil:
Un balance a siete meses del allanamiento
A siete mese del allanamiento, abuso de autoridad y tortura que sufrieron Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez y sus hijos, hacemos un balance de los acontecimientos y exigimos que se sancione a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.
Desde que se hizo la denuncia formal el 23 de noviembre del 2009 comenzaron las amenazas de muerte contra la familia de Adolfo y Margarita y posteriormente contra algunos integrantes del equipo Enlace Comunicación y Capacitación A.C. en Comitán.
A la par de las amenazas y previo al peritaje de reconstrucción de hechos, el 25 de febrero del 2010, Margarita fue privada de su libertad y torturada. A raíz de este último acontecimiento y después de sostener una plática en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacía el llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de la familia, se aceptaron las medidas cautelares (MC) que el Estado otorgaba. Desde el 03 de marzo de año en curso se implementaron las MC mediante una escolta permanente que custodia a la familia Ordaz Martínez.
A pesar de que se han implementado las MC, consideramos que ellas no eliminan la condición de vulnerabilidad de Margarita, Adolfo y su familia; por el contrario, en ciertas situaciones la han agudizado. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el viernes 04 de junio, cuando Margarita se encontraba en un domicilio de la ciudad de Comitán; mientras ella estaba ahí y en un lapso de dos horas la escolta que implementa las medidas cautelares (MC) para su resguardo fue inquirida de manera sucesiva por tres corporaciones, en un tono cada vez más intimidatorio: primero por cinco elementos de la Policía Ministerial, después por elementos de la Policía Estatal Preventiva y por último por un número aproximado de 32 efectivos del Ejército Mexicano, quienes cortando cartucho, obligaron a la escolta a bajar de la camioneta para revisarla, mientras los encañonaban e interrogaban. En las tres ocasiones la escolta se identificó proporcionando su oficio de designación.
Durante estos meses, constatamos un freno en el avance jurídico del caso:
- Ya que la averiguación previa sigue abierta, pues desde el inicio del proceso los funcionarios públicos citados a rendir su declaración han retrasado su asistencia a la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos FEPONGDDH.
- Desde el inicio de la denuncia la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS) obstaculizó la investigación al no proporcionar la información que la FEPONGDDH solicitaba en tiempo y forma.
- Dentro de la indagatoria existen contradicciones en las declaraciones testimoniales de los funcionarios públicos, a los que se les ha tomado su confesión, haciéndola cada vez más compleja y tardada.
- El seguimiento al caso jurídico ha sido separado en tres etapas o eventos, (como si fueran hechos aislados). El primero como allanamiento, tortura y abuso de autoridad, el segundo como amenazas y el tercero como secuestro y tortura. Siendo que los tres eventos son parte de la misma indagatoria.
- Ha habido una total falta de acciones para esclarecer el secuestro y tortura sufridos por Margarita.
En este balance, agradecemos y reconocemos la respuesta y gran solidaridad de las organizaciones, sociedad civil y amigos y amigas que han sido fundamentales no sólo para ejercer la presión para la justiciabilidad, sino también como un fuerte apoyo moral y profesional al equipo de ENLACE.
Queremos denunciar que a pesar de los compromisos asumidos por parte del Estado, aún no se han esclarecido los hechos y hasta ahora no se ha señalado a los responsables de tales atropellos y vejaciones cometidas contra la familia de Adolfo y Margarita. Dichas acciones ponen en evidencia la incapacidad y la falta de garantías que el Estado Mexicano destina a los defensores de Derechos Humanos.
A siete meses de los hechos y ante la inmovilidad constatada, exigimos que el Estado Mexicano cumpla con el compromiso adquirido:
- Que se garantice la vida, integridad y seguridad personal de Adolfo, Margarita, su familia y el equipo de ENLACE.
- Que se realice una investigación eficaz e imparcial que dé con los responsables de estos actos y sancione a los autores materiales e intelectuales de estas violaciones de derechos humanos.
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.
Entradas previas:
– Dilación de justicia para esclarecer agresiones en contra de defensores
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
7 de junio del 2010
Pronunciamiento
Red por la Paz
- Exigimos garantías de seguridad para la Caravana a San Juan Copala
- Solidarios de Chiapas se suman a la Caravana a San Juan Copala.
La Red por la Paz, conformada por organizaciones civiles y de derechos humanos del estado de Chiapas, exige a Felipe Calderón, presidente constitucional y a Ulises Ruíz Ortiz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, garantías para las defensoras y defensores de derechos humanos, observadores y la población de la comunidad de San Juan Copala.
Nos preocupa de forma alarmante la situación de San Juan Copala por los hechos violentos ocurridos el pasado 27 de abril, en la que fueron emboscados en el paraje conocido como La Sabana por el grupo UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), los integrantes de la Caravana conformada por defensores y defensoras nacionales e internacionales, así como periodistas, que se dirigían a la zona del municipio autónomo de San Juan Copala.
En la Red por la Paz tenemos conocimiento de que el día 8 de junio, una nueva Caravana llevará víveres y artículos de primera necesidad a la población que ha sido aislada, que no ha recibido atención y carece de servicios básicos por parte de las autoridades locales. Así también sabemos que un grupo solidario de Chiapas se sumará a la Caravana a San Juan Copala.
Las organizaciones que conformamos la Red hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales de garantizar la protección de los integrantes de esta Caravana, así como de los hombres, mujeres y niños de la zona triqui de Oaxaca.
Es importante recalcar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos indicando que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C.
(Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Red por la Paz Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá
Chiapas, México a 30 de abril de 2010
Red por la Paz Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá (Oaxaca, México)
Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copalá en la región Triqui cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS) y JYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia, así como de varios heridos.
Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.
De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola de nacionalidad finlandesa durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.
El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden publico sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona Triqui.
Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos:
- Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.
- Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.
-
Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.
- Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona
- Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población)
Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz), Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco), Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH), Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Chiapas, México a 09 de abril de 2010
Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz en Chiapas, manifestamos nuestra preocupación por la dilación en la aplicación de justicia en torno a las agresiones a la integridad de Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su familia y del equipo que colabora en la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, con sede en el municipio de Comitán.
Como organizaciones civiles hemos estado al pendiente de las denuncias que, desde el mes de noviembre del 2009, Enlace CC ha hecho públicas para denunciar los diferentes actos de amenazas, hostigamiento y ataques físicos que han recibido tras no aceptar desistir de la demanda penal y la denuncia pública.
Observamos con preocupación que la denuncia penal interpuesta se ha querido detener mediante amenazas, secuestro y acciones de tortura que ponen en riesgo la integridad emocional y física de Adolfo, Margarita, su familia y del equipo de Enlace Comunicación y Capacitación, AC. Al día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación.
Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente. Por lo tanto solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional su solidaridad, seguimiento del caso y participación en las acciones de difusión.
Exigimos a las autoridades competentes y al gobierno chiapaneco y mexicano que:
- Cesen las amenazas de muerte y el hostigamiento contra Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y familia, así como los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, AC y de otras organizaciones civiles, sociales y personas que han manifestado su solidaridad y que se han involucrado en el caso para apoyar el esclarecimiento de estos hechos
- Que se realice una investigación pronta, eficaz e imparcial que lleve a dar con los responsables de estos actos, sancionando a los autores materiales e intelectuales de los actos de allanamiento, amenaza, tortura y secuestro ocurridos desde el día 8 de noviembre de 2009 hasta la fecha.
Como defensoras y defensores de derechos humanos, vemos con preocupación la cada vez más recurrente criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizamos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas.
Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Ejido Candelaria, Ocosingo, Chiapas
D E C L A R A C I Ó N
Las mujeres y hombres reunidos en el Ejido Candelaria, corazón de los Montes Azules en la Selva Lacandona, territorio de los pueblos mayas de México, nos hemos encontrado los días 5 y 6 de marzo de 2010, para reunir pensamientos, corazones, luchas, propuestas y solidaridades en un solo camino por la defensa integral de los territorios de los pueblos indígenas.
Somos representantes de comunidades y de poblados amenazados por el desalojo, integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, de organismos civiles y de cooperación, centros de derechos humanos y comités de solidaridad, también estudiantes y docentes de universidades, que decidimos encontrarnos en el Foro Social de los Montes Azules para manifestar a la sociedad nacional e internacional nuestro respaldo a la lucha y a la resistencia de las mujeres y hombres de todos los poblados que sufren la política del despojo y de la privatización de los bienes naturales, implantada por los gobiernos federal y estatal para favorecer a los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y multinacionales; pero también, para reflexionar y proponer alternativas para el buen vivir de toda la comunidad de vida en los Montes Azules y en todas las áreas naturales protegidas de Chiapas y de México.
Los territorios de los pueblos indígenas poseen una gran riqueza y diversidad biológica y cultural; durante siglos, las comunidades han aprendido a convivir con su entorno natural; por eso, poseen conocimientos que son fundamentales para su conservación. Prueba de ello es que a pesar del despojo y de la exclusión, hemos podido continuar nuestra existencia como pueblos. Como otros territorios, el de Montes Azules de la Selva Lacandona tiene una larga historia de lucha por la tierra y por el buen vivir de las comunidades que se formaron a partir de los años 30 cuando peones acasillados empezaron a salir de las fincas y de la esclavitud. Muchas de las comunidades en los Montes Azules se han formado en las últimas décadas, debido a que la Reforma Agraria de la Revolución Mexicana nunca llegó a Chiapas, por lo que los pueblos originarios nunca fueron restituidos de sus tierras y territorios ancestrales.
Por eso, quienes suscribimos esta Declaratoria, hablamos de la defensa del territorio, donde hay personas, cultura, idioma, estilos de vida, bienes naturales, historia y organización; no hablamos de un pedacito de tierra. La tierra es Nuestra Madre que nos proporciona la vida, que nos sustenta; de ella venimos y a ella volveremos. La tierra es Nuestra Madre y por eso no se vende. Las comunidades en los Montes Azules no demandan ni dinero ni indemnización alguna, reclaman el reconocimiento de su derecho histórico a la tierra y al territorio.
Este reclamo y esta exigencia nacen de la conciencia de ser pueblos originarios de México que defienden y cuidan su territorio. Somos herederos y testigos de un largo camino de éxodo hacia la liberación de los pueblos mayas que hace más de cinco siglos fueron despojados de sus territorios. En este largo camino, hay muchas historias de las que hemos aprendido y que hoy nos sirven para orientar y animar todos los esfuerzos. En este encuentro de compromisos y solidaridades, hemos podido reconocernos compañeras y compañeros de luchas y de caminos, con aprendizajes, experiencias y alternativas que podemos compartir para fortalecernos y para animar nuestros corazones. Es un encuentro en la fe y en el compromiso por la vida.
Para arrebatar a los pueblos sus territorios, los gobiernos colonialistas, nacionalistas y neoliberales han implantado estrategias de exterminio y despojo. Mediante decretos, resoluciones presidenciales, leyes y reglamentos, las instituciones del Estado mexicano pretenden arrebatar la vida y negar los derechos de los pueblos indígenas. De la noche a la mañana, con esta política y legislación del despojo y, mediante el establecimiento de áreas naturales protegidas, las instituciones del Estado convirtieron en “ilegales” o “irregulares” a las comunidades que habitan los Montes Azules; se abrieron expedientes penales y empezaron a ser perseguidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Agraria y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Esta política ha sido impulsada y favorecida por las organizaciones ambientalistas neoliberales que acusan a las comunidades de ser las responsables de la destrucción de los bienes naturales y del desequilibrio ecológico. Esta política ha sido impulsada por presión de los grandes poderes económicos, tanto de los organismos financieros multilaterales como por las grandes empresas multinacionales interesadas en la explotación de los importantes recursos naturales que albergan los Montes Azules y toda la Selva Lacandona. Los bienes de la biodiversidad, el agua, los hidrocarburos y otros minerales son los objetos de interés que mueven a las empresas y a los gobiernos neoliberales a implantar políticas y programas disfrazados de conservación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, como el pago de servicios ambientales y la creación del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de Bósques (REDD).
Por eso, las mujeres y hombres, niñas y niños participantes en el Foro Social de los Montes Azules, manifestamos que:
- La situación de presión, hostigamiento y violencia hacia los poblados sin títulos agrarios, que se ha incrementando en las últimas semanas, representa una violación a los derechos agrarios, territoriales y sociales de los pueblos indígenas. Ninguna persona, comunidad o pueblo, por el hecho de vivir en un área natural protegida, pueden ser privados de sus derechos, sobre todo, de los derechos a la vida, a la seguridad humana y a su libre determinación.
- Para defender los territorios, los Montes Azules y otras áreas naturales protegidas, es necesario defender la vida y los derechos de las comunidades, ejidos y poblados que están dentro y fuera de ella. Esta defensa necesita de la construcción de una nueva unidad que empieza con los poblados y los ejidos que habitan los Montes Azules, y que debe ir creciendo hacia otras regiones, estados y países, incluyendo a todas las mujeres y todos los hombres que reconocen esta lucha como algo común. Nuestro Foro hace un llamado a mantener, acrecentar y fortalecer la unidad de todas las luchas a construir acuerdos y nuevas alianzas; a caminar con objetivos comunes por encima de las diferencias que nos separan.
- Para construir esta nueva unidad de los pueblos, de las organizaciones y de las comunidades, debemos reconocer los muchos caminos andados históricamente, aprender de las diferentes estrategias y experiencias en la defensa de los territorios. Para caminar hacia adelante, es necesario mirar hacia atrás para recuperar la historia y recrear la identidad cultural que sostiene nuestras luchas y estrategias.
- Para avanzar en la defensa integral de nuestros territorios, es necesario fortalecer los valores de nuestra cultura y recrear esta memoria histórica, pero igualmente importante es la creatividad y el compromiso a prueba de todo. Nuestras estrategias buscarán articular la lucha política con la defensa jurídica, el manejo sustentable de los bienes naturales y la construcción de proyectos de buen vivir. Uno de nuestros grandes retos es la difusión de nuestros trabajos y de nuestras propuestas en los medios de comunicación, para poder cambiar la imagen que promueven los gobiernos que nos presentan como “depredadores” y “destructores” de la naturaleza, ocultando los intereses económicos y lo que realmente destruye la biodiversidad: la pobreza, la exclusión y los negocios que convierten los bienes naturales en objetos de explotación y de enriquecimiento de unos cuantos. Estos negocios, como las plantaciones de palma africana, jatropa y otros agrocombustibles, son promovidos en Chiapas por el gobierno estatal y sus efectos en el sustento de las comunidades y en el equilibrio de la naturaleza son muy graves.
- Para que nuestras estrategias puedan triunfar, necesitamos fortalecer y animar las resistencias de todos los poblados amenazados dentro y fuera de las áreas naturales protegidas; es necesario levantar la cabeza y nuestra voz, mirar de frente a los poderosos y juntar nuestros puños. Así, podremos ir tejiendo esa nueva unidad que nos hará vencer, superando las acciones de presión y represión de los gobiernos, así como las amenazas de los desalojos forzosos.
- Para construir un solo corazón de nuestro pueblo es necesaria la participación de las mujeres y de los hombres. Sin la lucha y las propuestas, sin la voz y la toma de decisiones de nuestras compañeras mujeres, no podremos avanzar en la defensa integral de la tierra y el territorio. Esta lucha es una tarea de todas y de todos, es una lucha que hermana la organización política y la fe.
- Para mantener la integridad de nuestras luchas es necesario que seamos vigilantes de nuestros dirigentes, de los partidos políticos y de las instituciones del Estado. No aceptaremos los programas de gobierno que dividen nuestras comunidades y debilitan nuestras organizaciones. Por eso, es muy importante mantener la información, el análisis y la reflexión de nuestras comunidades y organizaciones.
El Foro Social de los Montes Azules iniciará un diálogo con todas las comunidades amenazadas de desalojo en las áreas naturales protegidas de la Selva Lacandona y con sus organizaciones, con el propósito de sumar fuerzas y propuestas. Las organizaciones indígenas articularán las vías políticas, jurídicas, culturales, agroecológicas, de comunicación y educación, que permitan avanzar con objetivos comunes. En este esfuerzo común ponemos nuestros corazones, nuestras voluntades y nuestras manos. En esta lucha por la defensa integral territorial afirmamos que todas y todos somos iguales, que nadie puede ponerse por encima de otras y de otros, ni usar las leyes y las fuerzas de seguridad para negar a las otras y los otros su derecho fundamental a la vida.
El Foro Social de los Montes Azules se solidariza con la resistencia de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio, asentados en el corazón de los Montes Azules, y con todos los que se encuentran bajo la misma presión y amenaza de desalojo. Exige también la derogación de los decretos expropiatorios realizados sin información ni consulta de las comunidades afectadas y la cancelación de procesos penales contra pobladores de Nuevo San Gregorio y Salvador Allende. El Foro Social de los Montes Azules se suma al proyecto de globalización de las luchas, de las resistencias, de las alternativas por otro mundo posible que ya se está construyendo en el corazón de la Selva Lacandona.
¡Sin comunidades no hay conservación,
sin conservación no hay comunidades!
Comunidades de la Selva Lacandona: Santa Cruz, Zapotal, El Jardín, San Caralampio, San José, Villa Los Pinos, Las Tazas, Plan de Ayala, Santa Elena, Nueva Ibarra, Las Tacitas, Pathuits, San Miguel, Rómulo Calzada, La Soledad, Betania, San Martín, Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal, Candelaria, Salvador Allende, Santa Rita, El Chorro, San Marcos.
Organizaciones Sociales y Civiles: ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática, Amigos de la Tierra Internacional, Asociación de Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP), Ayuda en Acción México, Casa Del Mundo, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Comité de Solidaridad La Patrona, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), ENLACE Comunicación y Capacitación, Estudiantes y Docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco, Grupo de Trabajo Montes Azules, Maderas del Pueblo del Sureste, Otros Mundos, Planeación y Análisis Aplicado (PAASEC), Radio Mundo Real, Radio Proletaria, Radio Totik, Red de Comunicadores Boca de Polen, Grupo Promotor de la Red de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Programa de Desarrollo Humano en Chiapas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Red Puentes México, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Xilotl Servicios Comunitarios.
Tras el desalojo forzado de las comunidades Laguna El Suspiro (también conocida como El Semental) y Laguna San Pedro (conocida San Pedro Guanil), ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentadas atentando así, contra la integridad de niños, mujeres y hombres que han ocupado la zona desde tiempos ancestrales.
Los operativos policiaco – militares, coordinados por autoridades federales y estatales, no han sido los primeros en la zona de Montes Azules por lo que, debido a planes gubernamentales de “despeje territorial” para la creación de circuitos turísticos, se teme continúen fragmentando la vida comunitaria y el tejido social de algunas comunidades que hoy están en riesgo de desalojo tales como: Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, Laguna Paraíso, Ojo de Agua el Progreso, Ojo de Agua La Pimienta, San Jacinto Lacanjá, Nueva Galilea, Chuncerro, Benito Juárez y Ranchería Corozal.
Así mismo, expresamos nuestra preocupación por la parcialidad de los Medios de Comunicación en el tratamiento de la información, fundamentalmente por la estigmatización y señalamientos que se hacen sin previa investigación y cobertura de las distintas fuentes no oficiales. Consideramos que el señalamiento público, que difunde únicamente la versión gubernamental de los hechos, pone en riesgo la integridad de las familias desplazadas, la de los defensores de derechos humanos que les acompañan y la de los habitantes de las comunidades amenazadas con ser desalojadas.
Como organizaciones civiles, con trabajo documentado en la zona, no aceptamos el discurso de “conservación y protección a los recursos naturales” que ha sido utilizado por los distintos niveles de gobierno para obtener el control territorial que se traduce en control social, político y económico de una de las zonas más ricas en biodiversidad de Chiapas.
Por tanto, hacemos un llamado al gobierno federal y estatal para que respeten los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, que ampara el derecho al territorio de quienes habitan, desde sus ancestros, la zona de Montes Azules.
Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz
Educación para la Paz (Edupaz)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace Capacitación y Comunicación, A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Reunidos en asamblea ordinaria en Ocosingo, Chiapas, las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Red por la Paz, nos adherimos al pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dado a conocer el día de hoy respecto al caso Acteal y la posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pudiera dejar en libertad a presos acusados de participar como autores materiales.
Expresamos nuestro más enérgico rechazo a la posible puesta en libertad de los autores materiales del crimen de lesa humanidad perpetrado en Acteal el 22 de diciembre de 1997, lo cual pudiera resultar de una resolución de la SCJN fundamentada en la exclusiva revisión de formalidades respecto a los procedimientos judiciales, sin profundizar en las consideraciones del Derecho que debieran llevar a determinar la responsabilidad penal de los autores intelectuales, garantizando así que un crimen de las dimensiones como el que se cometió en Acteal no quede en la impunidad.
De otra manera, con una resolución de la SCJN que pusiera en libertad a quienes han sido claramente identificados y señalados por las víctimas como los asesinos materiales de esta masacre, además de ratificar la incapacidad del sistema judicial mexicano para impartir Justicia, se estará poniendo en alto riesgo la paz pública y social no sólo en el municipio de Chenalhó, sino en varios otros municipios del estado de Chiapas en los que estén operando grupos de corte paramilitar.
Para nuestras organizaciones y las comunidades indígenas que acompañamos, el crimen de Estado que se cometió en Acteal -hace ya casi 12 años- no deja de ser de extraordinaria actualidad por sus dimensiones y repercusiones, por lo que exhortamos a los ministros de la SCJN a considerar cuidadosamente lo que pueda resultar de la resolución que determinen.
Atentamente
Educación para la Paz (Edupaz)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Enlace Capacitación y Comunicación, A.C.
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Como Red por la Paz, queremos denunciar el contexto de violencia que ha estado caracterizado la situación en el estado de Chiapas durante los últimos meses.
Elecciones: la punta del iceberg
El contexto pre-electoral y electoral estuvo marcado por imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso. El día de las elecciones se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, entre otros, que la mayoría de los medios de comunicación, las autoridades electorales y el gobierno mismo minimizaron.
Otro factor de preocupación responde al origen de varios de los candidatos ganadores ya que históricamente han estado vinculados a la represión ejercida en contra de los procesos sociales organizados.
Reactivación de la conflictividad en todo el estado
Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas (*).
Promover los conflictos de tierras -que se reavivaron con la coyuntura electoral- parece formar parte de la línea estratégica del gobierno federal, asumida y respaldada por el gobierno estatal. En los últimos seis meses se han producido las siguientes agresiones y amenazas ante las acciones de resistencia y construcción de alternativas de los pueblos:
- En el mes de mayo, bases de apoyo zapatistas de la comunidad El Nance, en el municipio de Altamirano, son amenazados con ser atacados por un grupo opositor.
- Desde mayo hasta la fecha, el poblado «24 de Diciembre», en Las Margaritas, es amenazado con ser desalojado por campesinos miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se trata de “tierras recuperadas” cuyos títulos legales han sido otorgados a la UES.
- En junio, campesinos miembros de la Otra Campaña del paraje Cruztón, en el municipio de Venustiano Carranza, son amenazados con ser desalojados por campesinos priístas y por la fuerza pública.
- El 10 de septiembre, en el predio Bolom Ajaw, de la comunidad Agua Azul (Tumbalá y Chilón), la OPDDIC ataca a las bases de apoyo del EZLN que allí residen, con saldo de tres zapatistas heridos. Los medios oficiales tratan de culpar a los zapatistas, incluso difundiendo fotos de milicianos armados del EZLN en 1994 como si fueran actuales, mientras que en realidad estaban desarmados.
- El 18 de agosto, las comunidades de San Manuel y Buen Samaritano (Ocosingo, región Montes Azules) son desalojadas por los cuerpos policíacos y militares.
- El 25 de agosto, la Policía Sectorial y la OPDDIC amenazan con desalojar el poblado «6 de octubre» (Ocosingo).
- Desde mayo a la fecha, la OPDDIC atacó en diversas ocasiones y amenazó con desalojar por completo el municipio Autónomo Olga Isabel (Chilón).
- A finales de agosto, los campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, incluyendo la incursión del ejército al poblado “28 de Junio” (Venustiano Carranza).
- El 25 de septiembre, se produce la primera amenaza de muerte directa contra cinco integrantes del Consejo Autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres. Según la JBG de Oventic la realiza el grupo autodenominado «OPDDIC-Roja» y el grupo Juvenil (expresión del Frente Juvenil Revolucionario del PRI). Este último caso no tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero se enmarca dentro de la ola de agresiones que vienen sufriendo las comunidades zapatistas.
- El día 30 de septiembre, dos personas bases de apoyo del EZLN del Paraje Chactoj municipio de Zinacantan son detenidos durante once horas y despojados de sus pertenencias por las autoridades de la comunidad, militantes del PRD. Nuevamente el 4 de octubre, las seis familias bases de apoyo de esta comunidad fueron atacadas por los PRDistas apoyados por una patrulla de la policía municipal de Zinacantán. Al mismo tiempo que fueron despojados de sus tierras, de mangueras, tambos de plástico para agua y llaves de agua.
Aunque aparentemente los hechos se presenten de forma aislada, uniéndolos conforman un preocupante y grave mapa del aumento de la conflictividad en el estado. Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades.
Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil.
Ante las circunstancias exigimos que los gobiernos locales, estatal y federal respeten los derechos colectivos de los pueblos; el cese a la impunidad y a la represión; y encontrar salidas pacificas a las causas que han generado los hechos de violencia antes descritos. La Red se pronuncia y se compromete a seguir promoviendo acciones que fortalezcan los procesos de los pueblos.
Atentamente,
La Red por la Paz
Alianza Cívica-Chiapas CAPISE (Centro de Análisis Político y de Investigaciones Sociales y Económicas) Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana) CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria) COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Oliveira) CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria) DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas) Edupaz (Educación para la Paz) Enlace, Capacitación y Comunicación Maderas del Pueblo del Sureste PROPAZ (Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas) Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz) SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz)
(*) Artículo de Blanche Petrich Jornada 26 de septiembre de 2007
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
El día sábado 18 de agosto del 2007, se realizó un operativo policiaco-militar, coordinado entre el gobierno Federal y el Gobierno del estado de Chiapas, para desalojar a los 39 pobladores indígenas tseltales (entre ellos 26 niños/as) de la Comunidad Nuevo San Manuel y de la ranchería Buen Samaritano, ambas en el municipio de Ocosingo, dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. La ranchería Buen Samaritano existe desde hace 12 años y el asentamiento de Nuevo San Manuel por lo menos desde 8 años.
Según testimonios de las familias desplazadas, alrededor de las 8 de la mañana llegaron varios helicópteros, de los cuales bajaron agentes armados, sacando a la gente de sus casas de manera violenta, sin previo aviso, sin mostrarles ningún documento y sin explicación alguna. Simplemente subieron a los helicópteros a todas las familias sin permitirles cargar pertenencia alguna y se las llevaron sin decirles a dónde. Todas sus casas, cosechas y pertenencias fueron destruidas.
Actualmente, las familias desalojadas están hacinadas en un ex prostíbulo, cerca de un basurero, en las afueras de la cabecera del municipio La Trinitaria. Seis hombres se encuentran detenidos en el penal de “El Amate” (CERESO 14), a más de cuatro horas de distancia, acusados por atentados contra la ecología del Estado y despojo.
La salud de las y los desalojados, particularmente de los niños y de dos de las mujeres que están embarazadas, se encuentra en grave riesgo, dadas las condiciones insalubres del lugar donde están albergados y por un caso de varicela. Además no tienen acceso a una alimentación adecuada habiéndose quedado totalmente dependientes de apoyos externos.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por todos estos hechos violatorios a los derechos humanos reconocidos en convenios, pactos y tratados internacionales firmados por el Gobierno Mexicano.
Si bien el gobierno defiende el derecho a la propiedad de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y a razones ambientales, lo hace sin considerar que de acuerdo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 47: “ninguna disposición del presente Pacto (incluyendo el derecho a la propiedad) deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales”.
Además ha omitido de manera sistemática sus obligaciones generadas a partir de la aceptación del Convenio 169 de la OIT, particularmente el Artículo 6 (obligación de consultar a los pueblos interesados por medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente), Articulo 14 (derecho de propiedad y posesión de las tierras ocupadas tradicionalmente), Articulo 16 (prohibición de traslado de los pueblos de las tierras que ocupan y obligación de consentimiento en casos excepcionales de traslado y reubicación).
Así como las recomendaciones que el Relator Especial sobre la Situación de Los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales de Los Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, realizó después de su misión a México en el 2003, en donde indica que:
“Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra su voluntad fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas en la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las parte.
Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.
La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias.”
Así también en su informe del 2006 y en seguimiento a estas recomendaciones recalcó: “El sistema de normas y tribunales agrarios es obsoleto en relación con el reconocimiento contemporáneo de los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, y las políticas medioambientales no han tomado en cuenta suficientemente a los pueblos indígenas, como en el caso de la Reserva de la Biosfera Montes Azules”.
Exigimos del gobierno federal y estatal, que, en el marco también de lo establecido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, igualmente aceptados por México:
- Se garantice inmediatamente a las familias desalojadas la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo alimentación, asistencia médica y vestido, mientras se resuelva la su situación;
- Se restituyan los derechos de las familias indígenas desalojadas y se garantice la indemnización y reparación del daño ocasionado;
- Que se retiren los cargos y se liberen a los detenidos teniendo en cuenta las razones que les forzaron a ocupar estas tierras;
- Se informe, se consulte y se consensúe con los pueblos indígenas asentados en territorios que sean susceptibles de ser declarados como reservas ecológicas, las estrategias para la conservación cultural y ecológica de esos territorios;
- Por último, exigimos que se cancele definitivamente cualquier otro nuevo desalojo de comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, por considerar que una solución de fuerza no resuelve de ninguna manera las causas estructurales que originarían la destrucción ecológica de la región y sí, en cambio, crean nuevos resentimientos y agravios de carácter social;
RED POR LA PAZ:
Alianza Cívica
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada
CIAM
CIEPAC
COFEMO
Colectivo Educación para la Paz
CORECO
EDUPAZ
Enlace y Comunicación
Maderas del Pueblo del Sureste
Melel Xojobal
PROPAZ
Red por los Derechos de la Infancia en México
SERAPAZ
SIPAZ
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A LA OPINION PÚBLICA
El día 26 de febrero de 2007, aproximadamente entre las 9:20 y las 9:30 de la mañana, fue arrojada por encima de la puerta de las oficinas del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria A.C. (CIEPAC) una nota escrita en una hoja de cuaderno, doblada de manera particular (forma de abanico y doblada a la mitad) con el siguiente mensaje: «Disfruta tu ultimo día. Te mataremos estoy buscándote y ya te encontramos» (sic).
Queremos señalar que éste es un caso más que se suma a una larga lista de acciones de hostigamiento en contra de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos en Chiapas. Resulta relevante mencionar que CIEPAC ya hizo una denuncia pública sobre vigilancia e intento de allanamiento a sus instalaciones en el mes de Enero del presente año.
De noviembre de 2005 a febrero de 2007, hemos registrado por lo menos 25 casos de hostigamiento. En ninguno de ellos se han detectado avances en el proceso de investigación ni delegado responsabilidades en los casos en donde se han hecho señalamientos directos. (lista en anexo)
Con preocupación e indignación, la Red por la Paz expresa su solidaridad con CIEPAC (miembro de esta Red) y denuncia que la sucesión de agresiones en contra de organismos civiles y defensores de derechos humanos, dada a conocer en su oportunidad, continua poniendo en riesgo la labor e integridad de quienes orientan su labor a la defensa de los derechos humanos, a la construcción de la paz y al fortalecimiento de procesos sociales de poblaciones indígenas.
Ante la falta de acción eficaz por parte del Estado para atender estos casos, hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a permanecer atentos y solidarizarse de manera oportuna ante la posible escalada en las agresiones.
Acciones recomendadas
- Respaldar el trabajo de CIEPAC (ciepac@laneta.apc.org) y de organismos que trabajan en Chiapas a favor de los derechos humanos y la construcción de la paz
- Presionar para que cesen las agresiones y intimidaciones en contra de activistas sociales y defensores de derechos, así como el castigo a los responsables de estos actos.
- Presionar para garantizar se mantengan espacios abiertos y seguros para las acciones de trabajo en favor de los derechos humanos y la democracia que diferentes organismos no gubernamentales desarrollan en Chiapas
RED POR LA PAZ:
Alianza Cívica de Chiapas, CEPAZ (Colectivo de Educación para la Paz), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria), CIAM (Centro de Investigación y Apoyo a la Mujer), COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante, A.C.), CORECO (Comisión para la Reconciliación Comunitaria), DESMI, A.C. (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas), EDUPAZ (Educación para la Paz), Enlace, Capacitación y Comunicación (Ocosingo y Comitán), PROPAZ Suiza Chiapas, (Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas), SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz), SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz), CAPISE (Centro de Analisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas), Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio de Barnoya, CEDIAC (Centro de Derechos indígenas)
Se suman a este pronunciamiento:
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C., Red de Constructores de Paz, Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic de Palenque, Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.(SADEC), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de Guerrero.
Las organizaciones y personas que conformamos la Red Mexicana de Constructores de Paz, indignados por la represión en San Salvador Atenco; Estado de México, hacemos el siguiente pronunciamiento:
Como organizaciones y personas que trabajamos por la construcción de una cultura de paz en México, rechazamos el uso de la violencia en la resolución de los conflictos sociales.
Consideramos que el uso de la fuerza policíaca en Atenco fue desmedida y es un claro abuso de poder por parte del Estado, donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de población civil como la tortura y la desaparición forzada. Rechazamos la utilización de todas las formas de tortura y vejaciones utilizadas por parte de la policía y de manera grave la violencia sexual y de género sobre las mujeres detenidas.
Es responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales los daños físicos, psicológicos y morales que han sufrido las personas que han sido vejadas en este proceso.
Nos preocupa el patrón por parte de las autoridades federales y de algunos estados del país, ayudado por algunos medios de comunicación, para criminalizar movimientos sociales, con sus líderes, a defensores de derechos humanos y opositores de izquierda, así como de generar un clima de miedo y manipulación social que se incline por la “mano dura” y el uso de la fuerza. Prueba de ello son los juicios que algunas autoridades atribuyen a miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra o de la Otra Campaña como “células subversivas” o “desestabilizadores del orden social”.
Es importante mencionar que no sólo se hallan presos pobladores de Atenco ni del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, sino que son también activistas sociales, defensores de derechos humanos de muchas organizaciones sociales y civiles.
Los riesgos de no privilegiar el diálogo y la negociación como vías en la resolución de los conflictos sociales son:
- Que la vía violenta y el uso de la fuerza se conviertan en un medio para saldar las diferencias donde el que tiene el mayor poder es el que impone su solución.
- La radicalización de las posturas de los actores políticos y sociales que dificulten el diálogo y los medios de solución pacíficas.
- La multiplicación de los focos rojos en la conflictividad del país y con ello, el desgaste y rompimiento del tejido social.
Para avanzar en la implementación de mecanismos que lleven a la solución de largo plazo del conflicto, nos solidarizamos con todas aquellas personas que demandan:
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- La presentación de personas desaparecidas,
- La Libertad inmediata de todas las personas presas en el operativo del día 4 de mayo en Atenco,
- Cancelación de órdenes de aprehensión que quedan por ejecutarse
- Investigación de las violaciones a los derechos humanos
- El resarcimiento del daño a las víctimas conforme a derecho.
Es urgente que la actuación de las autoridades basada en los principios democráticos de libertad y justicia, en un respeto y observancia de los derechos humanos, privilegiando el diálogo, la negociación y las vías pacíficas para la resolución de los conflictos sociales.
Atentamente:
Red Mexicana de Constructores de Paz: Servicios y Asesoría para la Paz, Servicio Internacional para la Paz, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Mujeres para el Diálogo, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Comisión Intercongregacional de Justicia Paz y Vida, PROPAZ, SICSAL – México, Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, Desarrollo Social para los Mexicanos Indígenas, Consejo indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Víctor Hugo García Zapata, Rocío Eslava, Rafael Reygadas Robles Gil, Rossana Ramírez Dagio, María Luisa Moncayo, Eréndira Cruz Villegas.
LLAMADO Mons. ROMERO POR LA PAZ
San Salvador Marzo de 2005
AMERICA LATINA EXIGE VIVIR EN PAZ
A los 25 años del asesinato de Monseñor Romero se escucha el eco de su voz profética: “Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño…” Monseñor Romero resucita no solo en la lucha del pueblo salvadoreño, también en la de las mujeres y hombres de América Latina, de sus obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos, estudiantes e intelectuales, de las víctimas de la exclusión que trabajan por naciones soberanas, para que los derechos humanos y la justicia social sean una realidad.
América Latina es el continente más inequitativo del mundo. Esta situación se ha agravado y la pobreza se ha incrementado como resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo que concentra la riqueza y generaliza la pobreza. Doscientos veinticuatro millones de latinoamericanos son pobres que viven con un ingreso inferior a dos dólares diarios. De allí la vigencia de lo sostenido por Monseñor Romero cuando denunciaba “la absolutización de la riqueza… la propiedad privada como un absoluto intocable y ¡ay del que toque ese alambre de alta tensión, se quema! No es justo que unos pocos tengan todo y lo absoluticen de tal manera que nadie lo pueda tocar, y la mayoría marginal se está muriendo de hambre”. (12 de agosto de 1979)
Pero no es cuestión solamente de pobreza material, también se ha empobrecido la valoración de la vida. Miles de latinoamericanos mueren como resultado de conflictos armados internos, de formas de represión policial y militar, o de otras formas de violencia como la exclusión que niega el acceso al agua potable, los alimentos y la salud. Monseñor Romero sostenía como fundamento esencial de su predicación “nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio y profundo, más que la violación de cualquier otro derecho humano, porque esa sangre no hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación y la paz. ¡Lo que más se necesita hoy aquí es un alto a la represión!”. (16 de marzo de 1980).
Hoy, luego de décadas de guerras y de procesos de paz entendemos que estas guerras son alimentadas por los intereses de países poderosos que para aumentar y perpetuar sus privilegios vulneran las soberanías nacionales, se apropian de los recursos naturales, instrumentalizan organismos multilaterales para reproducir un modelo de desarrollo económico y social profundamente excluyente multiplicador de la inequidad, la miseria y la injusticia. Hemos aprendido que la paz es más que la ausencia de guerra, es también reconstrucción de la sociedad con criterios de justicia, equidad y democracia. Compartimos plenamente la tesis de Monseñor Romero quien ya hace un cuarto de siglo afirmaba: “Los conflictos violentos no desaparecerán hasta que no desaparezcan sus últimas raíces. Por lo tanto, mientras se mantengan las causas de la miseria actual y se mantengan la intransigencia de las minorías más poderosas que no quieren tolerar mínimos cambios, se recrudecerá más la explosiva situación. Por tanto la construcción de la justicia social es la tarea más urgente”. (Carta pastoral 6 de agosto de 1978)
En los últimos años se han producido cambios significativos: el orden bipolar de la guerra fría terminó y se consolidó la hegemonía política y militar de los Estados Unidos; se impuso la economía de mercado y la democracia ha sido reconocida como modelo de régimen político. Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington condujeron a una redefinición de las concepciones de seguridad que ha implicado una tendencia a sacrificar la democracia en aras de la llamada lucha antiterrorista y vuelven a entregar a los militares las políticas de seguridad interna. En este nuevo contexto adquieren especial significación políticas como el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina. Estos se articulan a proyectos de control de los mercados y de los recursos naturales como el agua, el petróleo y la biodiversidad, en una dinámica de la que forman parte los proyectos del ALCA y sus sustitutos bilaterales, los Tratados de Libre Comercio.
Estas condiciones hacen imperativo inspirarnos en el legado de Monseñor Romero, desarrollarlo y proyectarlo como una eficaz guía en la actividad de los movimientos sociales en defensa de la vida y la dignidad, en el rechazo a las tendencias a la militarización de las sociedades y en la defensa de la libertad y la democracia.
Nos reafirmamos en el principio de que la búsqueda de la paz es un proceso incluyente, de unidad en la diversidad, de respeto a las diferencias y a los derechos humanos. La paz exige la construcción de nuevas relaciones entre las naciones, respetuosas de la soberanía y de la diversidad de proyectos de nación, que en el marco de un comercio justo, hagan viable el desarrollo de los movimientos sociales y de gobiernos de nuevo signo como los que hoy se dan en algunos países del Continente.
Desde San Salvador, en este aniversario del sacrificio de Monseñor Romero, nos comprometemos a impulsar con renovado vigor la dimensión latinoamericana de su pensamiento, a luchar contra la violencia y las diversas formas de opresión que atentan contra la dignidad de los pueblos
En la perspectiva de actualizar el compromiso con los ideales que dieron sentido a la vida de Monseñor Romero proponemos consagrar el 24 de marzo como día Latinoamericano por la Paz con Justicia y Dignidad.
Así mismo convocamos al Foro Latinoamericano por la Paz con el objeto de avanzar en la reflexión y en la definición de los desafíos para la construcción de la paz en el Continente.
Junto con nuestros hermanos migrantes en Europa y Norteamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, pasando por Mesoamérica, el Caribe, los Andes y el Cono Sur somos hijos de la Patria grande que lucha por la justicia y construye la paz. En la brega por estos ideales nos alienta la presencia de Monseñor Romero.
Esta declaración promovida por la Red latinoamericana de constructores de Paz ha sido también firmada por otras organizaciones, redes y personalidades del continente.
Red por la Paz 